LEY SB/1070, A JUICIO

18/julio/2010

*Pesa la demanda del presidente Obama
*Reforma migratoria, pendiente siempre

“La injusticia, allí donde se halle, es una amenaza para la Justicia en su conjunto”: Martin Luther King (1929-1968).

En Estados Unidos, las presiones son fuertes en contra del fenómeno de la inmigración ilegal (¡en un país de migrantes!). La polémica es candente, tanto a nivel público como legal ahora —en los medios como en los tribunales—. El tema es álgido no únicamente en el país de origen, sino en todo el continente; y no sólo para los inmigrantes mexicanos, también para los centroamericanos —latinos en general—, que entran sin papeles (en busca de trabajo, más no para delinquir) hacia el país vecino del norte.
Por lo tanto, es un asunto que les compete a los gobiernos, tanto el federal en los propios EU, como a los gobiernos de América Latina —especialmente a México—. Todo, porque el pasado 23 de abril, la gobernadora del estado de Arizona, Jean Brewer, firmó la “ley migrante SB 1070”, con la finalidad de controlar el fenómeno migratorio en su territorio (unos 460 mil, según el Departamento de Seguridad Interior), no obstante con medidas xenófobas y a todas luces discriminatorias.
Tan solo el que únicamente por su aspecto, en ese estado cualquier persona pueda ser detenida e interrogada por la policía, “bajo la sospecha de ser indocumentada”; ya sería tanto como considerarlos una amenaza, del todo injustificada y arbitraria. Por eso los merecidos calificativos de racista o segregacionista. Más, cuando, como justificó Brewer en su discurso de presentación de la firma: “Esta proyecto de ley le da el apoyo a las autoridades del estado para protegernos a todos, a cada ciudadano de Arizona y a todos los que están aquí, en nuestro estado legalmente”. Es decir, una ley basada en la sospecha.
Pronto Brewer se ganó el repudio generalizado con su ley 1070, que estaría programada para entrar en vigor el próximo 29 de julio, en unos cuantos días. Eso si no prosperan las demandas en su contra, recursos legales promovidos por el propio gobierno del presidente Barack Obama, y por el gobierno de México y otras tres organizaciones defensoras de los derechos humanos dentro de los EU. Es decir, que la batalla legal para impedir su entrada en vigor está en pleno hervor.
A la demanda legal del gobierno mexicano del pasado 22 de junio se ha sumado recientemente la del gobierno de Obama ante el Departamento de Justicia, para intentar bloquear la ley Arizona. México presentó, ante Corte Federal para el Distrito de Arizona, un escrito como “Amigo de la Corte”, en la causa “Friendly House, et al Michael B. Whitling et AL”, solicitando que “declare inconstitucional ley SB1070, e impida que entre en vigor”, según informó Relaciones Exteriores. En apoyo a otras demandas de organizaciones civiles que también impugnan la ley, como son: el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educativa (MALDEF), el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Haciendo lo propio, pero sin mencionar el tinte discriminatorio de la ley Arizona de Brewer, también la administración Obama presentó su propio recurso legal el pasado 6 de julio ante una corte federal en Phoenix. Se trata del mismo Departamento de Justicia de EU, quien llevó una demanda bajo “la doctrina jurídica conocida como preemption, o de la supremacía de una ley federal sobre otra estatal”.
Sólo en caso de que el fallo le sea desfavorable a Brewer, le quedaría el recurso de la Suprema Corte, en defensa del derecho que tiene la entidad de aplicar sus propias leyes. No obstante el peso político del gobierno federal y de las promesas del presidente Obama de sacar una legislación sobre el tema ante el Congreso. Una promesa, ciertamente, largamente incumplida por los presidentes de este país. Mientras tanto, la moneda está en el aire.
Recordemos que bajo la asistencia republicana, en el estado de Arizona, como se dice coloquialmente, las autoridades tienen “el dedo dulce”, sobre el modo de abordar el asunto de la inmigración con acciones unilaterales y sin importar lo que diga, o deje de hacer, el gobierno federal. Entre otras medidas severas, ya desde 2005 se permite en el estado “procesar a traficantes indocumentados”. Y desde 2007, aquellos patrones que contratan trabajadores que carecen del permiso laboral, son castigados.
Pero ahora, lo menos que se dice de la ley SB1070 es que fomentará la discriminación racial en Arizona, y eso se propagará a otros estados. Además, les deja una pesada carga a los policías quienes tendrían que hacer las detenciones o revisiones o, en su caso, ser castigados al incumplimiento de la norma. El propio Obama calificó la ley, el mismo día de su presentación, de “equivocada” e “irresponsable”. A la vez que argumentó revisar las potenciales violaciones a los derechos civiles y trabajar para lograr una reforma integral.
Lo cierto es que, con todas las dudas que despertaba si verdaderamente Obama se inconformaría o no contra la ley SB1070, finalmente lo hizo. Estaría faltando que le entrara al tema de la inmigración a fondo. Como quiera, la coyuntura no le parece favorable. Y la polémica que despertó el recurso interpuesto por el Departamento de Justicia levantó ámpula. Reclamos también, sobre lo que se dice está fuera de los alegatos legales: que no se están tomando las medidas suficientes para cubrir la frontera de los inmigrantes.
No es todo. También que, según encuesta “de finales de mayo de CNN/Opinion Research Corp., indica que 57% de los estadounidenses apoyan la ley Arizona, contra 37% que se opone a ella”. Asimismo, “que 9 de cada 10 estadounidenses está de acuerdo con reforzar la frontera con México”. Otro sondeo, de Gallup-USA Today, “indica que 50% quieren que la reforma migratoria deberá enfocarse a detener el flujo de inmigrantes ilegales y 45% que se desarrolle un sistema para que regularicen su situación”. Difícil.
Con eso de por medio, y la presión republicana como aditamento, está la lucha de la inmigración y de todos los implicados en resolverla. Entretanto, apenas el pasado viernes 16 comenzó la revisión de las demandas contra la ley SB1070, en el distrito de Phoenix. La jueza Susan Bolton está revisando los argumentos. Se advierte que Bolton podría “ordenar una detención temporal de la polémica ley”, antes de su entrada en vigor el día 29 próximo. La amenaza está latente.

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