viernes, 31 de agosto de 2012

EL PAN Y LOS RIESGOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL



Por Salvador González Briceño


Ia parte

México, visión política y geopolítica de barandilla

Los antecedentes

El golpe de timón. A unos meses de que concluya el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN), hay más sombras que luces, cuestionamientos que respuestas de un periodo gubernamental que se complicó sobre todo por un delicado asunto: la mal llevada —por improvisada y unilateral— guerra contra el narcotráfico que inició a unos días de llegar al poder, a juzgar por sus consecuencias internas y externas, así como el elevadísimo costo en vidas humanas que ha alcanzado.
No se olvide que lo primero que Calderón quiso hacer, al llegar a Los Pinos, fue legitimarse en la silla presidencial, porque nunca demostró que ganó con los votos de la sociedad, sino con el dictamen del tribunal electoral que lo declaró “presidente electo”. Después vino la apropiación de todo el aparato estatal.
Pragmático como es, Calderón nunca mostró la visión de un estadista, siquiera de un gobernante preocupado y a la altura de los problemas de México, como tampoco dio visos de resolverlos; más bien se le vio siempre como el líder de su partido. Sólo siguió la indolencia nacional de un deterioro paulatino, tanto económico —laissez faire, laissez pase— como político —“haiga sido como haiga sido”—, que habían fincado en tiempos memoriales los gobernantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de las últimas décadas.
Su golpe de timón fue una sorpresiva y espectacular —el “Operativo Conjunto Michoacán” de diciembre de 2006, movilizó a unos 5 mil entre personal militar y de la Procuraduría General de la República (PGR)—, pero mal conducida guerra contra el crimen organizado. Por ello, pese a las interrogantes de la sociedad y desde los medios de comunicación, no hubo respuesta convincente del gobierno calderonista, a los cuestionamientos de una lucha de confrontación directa sin más acciones aleatorias.

Preguntas sin respuesta

Destacan, por ejemplo, las siguientes interrogantes.
1] ¿Por qué no se atacó al corazón, la médula del crimen organizado, verbigracia, el control de fondos y recursos millonarios que han circulado tanto en el sistema bancario y financiero de México, como de otros países (paraísos fiscales, dixit); presionar para que Estados Unidos hiciera lo mismo en coadyuvancia, puesto que funcionarios como el propio Presidente Barack Obama y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, hablaron de “corresponsabilidad” en sendos encuentros con Calderón?
2] ¿Por qué tampoco se atendió suficientemente el problema de lavado de dinero, las inversiones sospechosas de boyantes negocios en estados fronterizos del país, o de lleno la filtración de dinero ilícito a las actividades de la economía mexicana? Asuntos como el lavado en el inglés HSBC (antes también Wachovia Bank en EU, ver mi nota en: http://bit.ly/QzIqKW) quedan impunes, una vez descubiertos, a cuenta de la economía global a la cual entran grandes cantidades de recursos ilícitos de actividades ilegales.
3] ¿Bajo qué criterios no se detuvo a los grandes capos de las drogas (al contrario, Joaquín Guzmán Loera El Chapo, escapó de la cárcel de alta seguridad en Puente Grande, Jalisco, un año después del arribo a Los Pinos de la “pareja presidencial”; como tal, el error le compete al PAN), y el gobierno se conformó con peces flacos —cuando cazó a Arturo Beltrán Leyva fue bajo la injerencia de la Drug Enforcement Administation, la DEA—?
4] ¿Cuáles medidas de renovación, de los cuerpos policiacos y del poder judicial en general, para atender el problema; de qué sirvió el presupuesto millonario que fue a dar a las arcas de la policía federal (el titular de la Policía Federal Preventiva, PFP, Genaro García Luna, lleva en el cargo los dos sexenios del panismo), si nunca ha estado al frente de esa guerra, y sus instalaciones son más un “elefante blanco”?
5] ¿En dónde estuvieron desde el principio las medidas de protección a la sociedad civil en todos los niveles  de gobierno —en ciudades, comunidades y estados—, sobre todo en contra de la impunidad por tanto crimen sin castigar? El clima de abandono de la tan golpeada sociedad juarense es muestra de ello.
6] ¿Por qué se involucró a las Fuerzas Armadas de México (FAM) en una operación que no les corresponde, porque en términos constitucionales sus fines están en el resguardo de la seguridad nacional (SN)?
7] ¿Quién es el principal responsable de que, una vez en las calles, los militares cometen atropellos en contra de personas inocentes, violen los derechos humanos y cometan errores —los “daños colaterales”— entre la población?
8] ¿Cuánto y en qué medida tanto desatino responde a las estrategias del vecino del norte, que no hace nada por contener el consumo de drogas en su país —le sirve para criminalizar a latinos y afroamericanos y hacinarlos en cárceles—, por detener a sus capos “blancos”, “rancheros”, “mayoristas y minoristas”, o prohibir el tráfico de armas a México sino alentarlo con operativos claramente fallidos e intervencionistas como el de ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocido como Rápido y Furioso?
Datos de los investigadores Omar García Ponce y Oiendrila Dube, de la Universidad de Nueva York y Arindrajit Dube de la Universidad de Massachusetts, en el estudio “Derrame fronterizo”, establecen que “hay una relación directa entre facilitar el acceso de este tipo de armas en Estados Unidos y el aumento de homicidios por rifles de asalto en la frontera de México”. Y que dificultar el acceso de armas a los delincuentes “debería ser parte integral de una política para combatir el crimen organizado”. (Diario Excélsior, 6/VIII/2012).
9] ¿Acaso no está en esa tesitura el divisionismo sembrado por Washington, al interior de las FAM desde el momento en que gusta de privilegiar a la Marina y descalificar al Ejército (en la información de Wikileaks se descubrió que Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, fue ubicado en Morelos con la participación de la DEA; documento secreto N° 240473), con medidas claras de apoyo a “los azules” y el descrédito a “los verdes”? Calderón le dio seguimiento a esa postura de los estadounidenses al ensalzarlos —no porque Marina no lo merezca, pero son las FAM en general quienes están enfrentando en las calles a los narcotraficantes— en su día el pasado 1 de junio.
10] ¿En dónde quedó el enfoque del narcotráfico como fenómeno global trasnacional y criminal, que extiende sus redes allende las fronteras hacia varios países o regiones, llámese México, Centroamérica, Colombia o Europa?

Sin visión geopolítica

Una postura política del gobierno de Calderón débil por flexible al peligroso intervencionismo externo —nada qué ver con una visión geopolítica—; sin embargo, riesgosa para el país por varios motivos:
A) Porque se trata de una medida de EU atentatoria de la SN de México. El cable de Wikileaks N° 246329 develó un informe de la embajada presidida por Carlos Pascual, donde arremete en contra de la estrategia y del Ejército. Y refiere “tensiones” entre Ejército y Marina.
B) Tiende a minar directamente a la institución castrense en general, las FAM, aplicando la tesis de “divide y vencerás”, cuando es una de las pocas que gozan de elevada credibilidad (en varios sentidos, según encuesta de Excélsior, 6/VIII/2012) entre la sociedad civil —pero esto tiene qué ver con el Northcom (véase mi trabajo sobre este tema en: http://bit.ly/zwTJix)— y sus acciones encubiertas en la región de Norteamérica; Canadá, EU y México;
C) Por cierto bajo el cargo de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, presuntos nexos con el cartel de los Beltrán Layva —señalamientos de narcotraficantes como Sergio Villareal Barragán, El Grande; luego sin ratificar porque fue extraditado a EU, y de un “testigo protegido”—, se encarceló a cuatro generales: Tomás Ángeles, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez. Un golpe certero al corazón del Ejército, tan delicado que no habría sido operado —según especialistas en el tema— sólo por la PGR, sino tras una decisión de arriba; es decir, desde Washington y bajo el sometimiento del gobierno de México.
Lo delicado del caso es que situaciones como ésta se han dado con frecuencia durante el gobierno de Felipe Calderón, en aras del descrédito. Ahí está, otro ejemplo, el documento del Departamento de Justicia que señala por corrupción al Estado Mayor Presidencial, instancia encargada del cuidado personal del Presidente y su familia, donde tres integrantes recibieron de la empresa estadounidense BizJet, más de 16 millones de pesos a cambio de contratos para el servicio de mantenimiento  de la flota aérea de Los Pinos.
Antes causó revuelo la compra por 5 mil millones de pesos en “equipo de inteligencia” por parte de Sedena, siendo que —como defendió la institución—, todo se hizo conforme a los planes y el ejercicio presupuestal. Y por lo tanto nada tiene de anormal o ilegal. Hasta se publicó que, durante el sexenio de Calderón, Sedena habría gastado 22 mil 552 millones de pesos en la adquisición de quipo terrestre, aéreo y obras de servicio y mantenimiento.
El caso es que el presidente mexicano nunca tuvo la mínima visión para revisar la tantas veces señalada, desde el principio, fallida estrategia hasta que la violencia alcanzó un grado tal que parecía obligada la presencia del Ejército en las calles del país, y sin otra alternativa posible. Es decir, que violencia llamó violencia al punto de un descontrol tal que “justificó” que los militares continuaran en sus tareas de policías, o de contención de narcotraficantes en todo el territorio nacional. Por lo mismo se habla de continuar con esas tesis, de que el Ejército siga en las calles en dicha labor. Como que ya entrados en materia no hay para dónde hacerse.
Con este negro panorama, además que se desgastaron los otrora elevados principios de la política exterior de México, la política en general quedó pendiendo de las exigencias de Washington. Es decir, que la agenda de prioridades geopolíticas de EU se impuso a las necesidades de reconocimiento de las políticas de Felipe Calderón. En otras palabras, que la dominación del imperio sobre México se profundizó con los gobiernos del PAN.

Geopolítica de EU

Por las facilidades/debilidades de Vicente Fox/Calderón fue que Washington aprovechó para, aparte de todo, profundizar el Plan Mérida atendiendo a su estrategia geoeconómica bajo pretexto del resguardo de su seguridad nacional de las amenazas terroristas. Esa secuela nefasta de los atentados del 11/S que EU extendió desde su política exterior, pasando por la diplomático-intervencionista, las guerras en Afganistán e Irak, hasta la vigilancia directa de sus intereses estratégicos en cualquier parte del mundo. Sin desdeñar ahora el traspatio.
En México dichas secuelas están a la vista. Hemos de destacar por lo menos, los siguientes —que no todos— once puntos:
1.- El país es más inseguro porque los carteles de las drogas se han diseminado abriendo fuego por la mayor parte del territorio nacional. Por los últimos datos del INEGI, son cinco estados en los cuales se concentra la violencia: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Baja California.
2.- En lugar de exterminar —ni se diga siquiera controlar— a dichos carteles, el número de ellos aumentó; de siete al final del sexenio de Fox a los 11 que reconoce el gobierno de Calderón. Recuentos independientes como el diario Zeta coloca en número en 28 carteles que pululan en todo el territorio nacional.
3.- Arreció la disputa entre carteles por las rutas, las plazas y los principales pasos de los estupefacientes al mercado consumidor de EU.
4.- La guerra entre grupos del crimen organizado ha dejado secuelas de muerte en varios estados del país, de la mano de otras acciones delincuenciales como el control de las rutas de los inmigrantes centroamericanos hacia el vecino del norte —con su respectivo secuestro y extorsión—, su uso como “burros” para pasar drogas allende la frontera, hasta el asesinato vil cuando no responden a sus maléficas intenciones.
5.- El involucramiento de autoridades municipales y estatales —de varios niveles policiacos, responsables de la seguridad pública—, ya por dinero o por temor con las bandas de criminales ha dejado un saldo de impunidad desbordada, al grado que no haya autoridad judicial que indague y castigue a los responsables de todos los asesinados de dicha guerra.
6.- El impacto social en los estados alcanza a comunidades enteras, y llega hasta los núcleos familiares quienes han padecido directamente el dolor por la pérdida de algún integrante —padre, esposo, hijo, hermano, amigo, conocido—; hasta el golpe psicológico que no alcanza soluciones por la falta de atención profesional desde el Estado, o las propias autoridades locales.
No hay programas de tratamiento de víctimas (psiquiátrica, sicológica, sociológica, médica, etcétera), como tampoco las indagatorias para castigar a los responsables de los crímenes que generan el dolor al interior de la sociedad a todos los niveles.
7.- Los altos grados de violencia mostrada: los descabezados, los colgados, los montones de calcinados, o diluidos en ácido, los enterrados en fosas clandestinas en campos abiertos o en casas de seguridad, los del tiro de gracia, los abandonados en las calles o en las plazas públicas, etc., han sembrado un clima de horror no visto más que en países en guerra, o peor aún.
De ahí que muchos de esos crímenes sean asociados con los Zetas, el grupo formado por exmilitares; los otrora integrantes del cuerpo de seguridad personal del narcotraficante Osiel Cárdenas, exGAFEs, exGANFEs, exBPFs, estos últimos formados para contener al movimiento zapatista de Chiapas en 1994 y capacitados por la CIA, la Sayeret Matkal judía y la CIGN francesa.
8.- La guerra contra el crimen organizado se agudizó al grado de lo incontrolable por al menos dos motivos: a) Por la disputa de carteles en el trasiego y los territorios clave para las drogas, sin detenciones y otras acciones trascendentales como las señaladas; b) Porque los carteles al verse perseguidos desde el arribo de las Fuerzas Armadas, arreciaron la violencia tanto entre sí pero igual contra la sociedad civil. Por eso en Stratfor, George Friedman había previsto que México sería un “Estado fallido”. Una tesis, ciertamente, a conveniencia de EU.
9.- El clima de inseguridad ha servido para arremeter en contra de sectores de la sociedad en varias entidades, como son los defensores de los derechos humanos y otros que han resultado víctimas principales; lo mismo ocurre con los periodistas, en particular de la fuente policiaca.
Así, los medios de comunicación tanto impresos como de radio y televisión, resultan los afectados porque denuncian a las víctimas y hacen los rastreos informativos —que el poder judicial desatiende— correspondientes. Es entonces cuando los posibles implicados de tamaños crímenes, no pocas veces pertenecientes a algún grupo del poder local, cometen los crímenes alegando implicación del crimen organizado.
10.- Durante los últimos años, los organismos internacionales defensores de derechos humanos, han señalado a México como el peor país porque tanto se violan los derechos de las mujeres al igual que los periodistas. La situación para los medios de comunicación en el país, está peor que en aquellos como Irak y Afganistán donde hay guerras alentadas por potencias extranjeras como EU y otros pertenecientes a la OTAN.
11.- La situación de zozobra desatada durante el sexenio de Felipe Calderón, ha dado pie para que, principalmente EU, se abrogue el derecho de intervenir por varias vías, alegando que la violencia de los carteles en México es de un alto riesgo para su seguridad nacional. Qué decir de la frontera vigilada por los drones o aviones no tripulados, como en los países en guerra.


IIa parte

“Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7-20).

Y los gobiernos del PAN, con dos sexenios en la Presidencia de la República de México, se exhibieron bien. Lo que les costó 61 años llegar al poder, lo echaron a perder en 12. Pero, además, los preceptos democráticos que tanto pregonaban los tiraron por la borda. Al menos de personalidades como el fundador Manuel Gómez Morín, el candidato Manuel Clouthier Maquío, el luchador José Ángel Conchello y el intelectual Carlos Castillo Peraza, por mencionar a los más destacados.
El primer gobierno, el de Vicente Fox Quesada (2000-2006), dilapidó más pronto que tarde las esperanzas del cambio democrático —ni siquiera hablar de transición, ¿para qué?— de un país cuya sociedad era expectante, harta de las corruptelas del Partido Revolucionario Institucional (PRI); este último, como partido enquistado en el poder durante 71 años.
Cuando el PRI fue —sacado “a patadas” de Los Pinos— expulsado en las elecciones del año 2000, había dejado en el país una estela de incertidumbre y descomposición en varios terrenos: la política, por los asesinatos de importantes personajes; una crisis económica profunda por un neoliberalismo aplicado a rajatabla, el efecto tequila o debacle de 1995, el Fobaproa, etc.; con gran impacto social, pobreza y desigualdad crecientes. Lastres todos.

Los generales y la SN

El gobierno panista de 2006-2012, el de Felipe Calderón Hinojosa, quien —antes que seguir cuestionado por su ilegitimidad— se inventó una improvisada guerra en contra del crimen organizado que, a la postre resultó fallida y con enormes consecuencias para México, tanto internas como externas.
Hacia el interior, y hablando en general, los panistas le incumplieron al país. De tal modo es el impacto que, entre los lastres generados por sendas administraciones sobresalen dos por su gravedad:
1) La pésima relación de ambos gobiernos de México, Fox y Calderón, por el sojuzgamiento y entreguismo hacia los Estados Unidos.
2) La guerra fallida en contra del narcotráfico (también Aguilar y Castañeda, 2009). Por dos indicadores: el número de muertos y la estrategia que se quedó corta. Con las “sumas y restas” al gobierno apenas le alcanza el número de 60 mil muertos. Pero al INEGI le sobran: 95 mil asesinados entre 2007-2011. Tan sólo en 2011 el dato duro llega a los 27 mil 199; esta último a contrapelo de los datos del CISEN y el Centro Nacional de Planeación que registran únicamente 11 mil 890 el mismo año. Faltan en los conteos los asesinados de 2012. Y no extrañe que al final del sexenio el número se eleve por arriba de los 110 mil, de fuentes estadounidenses.
Lo delicado radica en que los dos puntos señalados inciden en una creciente, abierta y grave, amenaza en el terreno de la seguridad nacional (SN) de México. Esto se mira, claramente, en los procesos de detención y encarcelamiento de los cuatro generales del Ejército.
Ni más ni menos que un certero golpe —más político que de otro tipo— en contra precisamente de la institución que ha estado al frente del combate al narcotráfico. Es decir, que son las Fuerzas Armadas de México (FAM) las que han sido agraviadas, golpeadas —según expertos del tema—, bajo instrucciones de Washington en clara injerencia de los asuntos internos de México, en uno de sus brazos armados.
La mejor prueba consiste en que, ni una sola de tales querellas podría operarse en contra de uno solo de los generales, sin el consentimiento del comandante supremo de las FAM, pues van dirigidas a la jerarquía militar; y por consiguiente, también de la credibilidad misma de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Y de este punto deriva el riesgo para la SN de México. Por ello también el descontento al interior de las propias FAM. No de Marina, quien recibe los aplausos —tratos amables y reconocimientos de Calderón—, instancia que debería estar preocupada también, porque está siendo utilizada por Washington en esta intriga en contra del Ejército.
No se olvide que la SN está bajo la protección de las FAM, pero también que entre la fragilidad —llámese ilegitimidad— del último gobierno de PAN y las ambiciones extraterritoriales de EU por la vía del Plan Mérida y el Northcom, principalmente, a Washington le sirven los apoyos de Marina. Como quiera, el golpe a Sedena debilita al país, y eso es lo que quieren los estadounidenses.
Las facilidades otorgadas por los gobiernos del PAN a EU, han permitido que desde el 2000 a la fecha los órganos de inteligencia de EU trabajen en México con toda libertad. También, que intervengan abiertamente en los asuntos internos del país. Y eso se sintetiza en que la SN de México ha sido peligrosamente vulnerada, y colgada de la ofensiva geopolítica —y geoeconómica también— del vecino del norte.
Baste citar otras dos causales que explican el golpe a los generales de Sedena, retirados o no. Uno tiene que ver con la deslealtad hacia su general en jefe, el titular de dicha dependencia Guillermo Galván, pues se destaparon con ambiciones sucesorias para la dependencia hacia el siguiente sexenio de predominio priista —se cita al general Ángeles con Peña Nieto—. Otro que, de igual manera, en la Sedena ahora se manejan recursos millonarios, por las propias tareas de encomienda del combate al narcotráfico; lo que desata ambiciones desbordadas.

El Northcom y México

Pero, según lo dicho, como señalan especialistas en SN, pesan más las directrices fijadas o impuestas al gobierno mexicano desde Washington —incluso por encima del Plan Mérida— con el Northcom, incluyente de los tres países de la región [Canadá-EU-México], que todo lo demás. Todo bajo la égida de Washington. O lo que es lo mismo, EU es el mayor peligro para la SN de México como lo es de otros países.
De ahí también las inconformidades al interior de Sedena, porque no se vale que Calderón esté arremetiendo en contra de los actores, de los militares que sólo ejecutan órdenes aún en tareas de seguridad pública que no les compete, recibiendo tratos delincuenciales como en una acción de limpiar la casa porque, la víspera de conclusión del sexenio, se habría propuesto un acto espectacular, como la recaptura del capo más peligroso de México, El Chapo Guzmán.
Pero como nada de eso pudo ejecutarse, para pregonar la guerra contra el narcotráfico como todo un éxito—como si los muertos no contaran—, luego entonces se le pega a lo más cercano. Todo no obsta posibles implicaciones de militares, pero éste no parece ser un caso debidamente probado.
Un garlito para arremeter y someter a los generales Ángeles, Escorcia, Dawe y Pérez, primero arraigados y luego recluidos en un penal de alta seguridad. Por eso la indignación por su detención; porque con su caso se juega la SN del país.
También porque los acusadores, esos sí que delincuentes cobijados por la Procuraduría General de la República como “testigos protegidos”, no prueban sus dichos suficientemente. A unos días del cierre de la presente edición, se divulgó en los medios impresos que tanto Edgar Valdez Villareal La Barbie, como José Álvarez Vázquez El Indio, negaron conocer a los generales mencionados. Razón por la cual se les puede dejar libres, según los abogados del caso, por “desvanecimiento de pruebas”, en cualquier momento. Pero mientras, ya se deterioró tanto la imagen personal de los detenidos, como la institucional de Sedena.

Órganos previsores de la SN

El caso es que EU no quita el dedo del renglón para atender sus intereses geopolíticos, enmarcados dentro de la zona de Norteamérica que comprende el Northcom. Por un lado, ha aprovechado debidamente la debilidad, desinterés y entreguismo de los dos presidentes del PAN. Por el otro, bajo el garlito de la guerra contra el terrorismo que inventó George W. Bush y los halcones, tras los atentados —mejor autoatentados— del 11/S, EU arremete contra cualquier país bajo las mismas directrices.
Su intervencionismo “diplomático” está por todos lados. Los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de la DEA, y demás el personal de inteligencia que opera en países como México, acumulan la información que consiguen conforme las expectativas político-económicas de los presidentes en turno, y la envían a los estrategas de Washington. Y los gobiernos panistas resultaron serviciales y abiertos a la acción imperial de EU.
Eso tendrá un elevado costo tanto político como, y sobre todo, histórico. Ahora no se mide suficientemente, pero en el análisis prospectivo las variables dicen mucho. Nada más indican hacia dónde está la tendencia de las cosas. Y éstas no le favorecen a México. Aun con la llegada del presidente de otro partido, con el regreso del PRI.
A EU le conviene que siga la guerra contra el narcotráfico en México. Porque: EU pone las armas; controla el negocio de las drogas que corre por su sistema financiero, y a fin de cuentas le brinda aire fresco a una debilitada economía; sin controlar el consumo interno, porque igual es una forma de sometimiento social. Y México pone los muertos, compra las armas, descuida sus fronteras, es el país tanto del trasiego como del cultivo de varias drogas, etcétera. Negocio redondo.
Nada más que también México cosecha circunstancias como las señaladas, supra en los 11 puntos. Y EU impone sus condiciones. Entre las principales están decisiones que amenazan la SN de México ya indicadas. De la mano del entreguismo hacia EU desde el PAN, la fragilidad mostrada también ha generado un ambiente de ruptura institucional en el caso de la FAM. Ya señalamos la delicadeza del caso.
Pero es tanto como tolerar que las políticas de seguridad nacional estén colgadas, precisamente de los intereses de EU. Y eso es delicado porque la SN tiene qué ver con todo lo indispensable para cualquier país. ¿Qué pasa si se admite que se golpee a las FAM, comenzando por la Sedena, cuando son las instituciones encomendadas para el resguardo de la SN del país?

Focos rojos por la SN

Al parecer para las áreas del gobierno encargadas de la inteligencia mexicana —que para temas tan delicados asoman sus diferencias—, bajo las directrices de los políticos comenzando por el PAN —y para terminar con ellos porque perdieron las elecciones presidenciales en julio pasado—, no están claras circunstancias como estas. Pero son más graves de lo que parecen a simple vista.
El caso es que, por el bien del país, el estudio de la problemática atentatoria de la SN es para encender los focos rojos del próximo gobierno mexicano. No depender de los caprichos de coyunturas políticas. Los organismos encargados de la SN deben tener autonomía e institucionalidad suficientes.
No se olvide que, en este contexto de globalización y proactivismo, de amenazas constantes y guerras, de un EU imperial, todo en la relación de ambos países tiene que ver con la SN. De EU y de México, pero a los mexicanos les debe llamar la propia.
Más allá de la política que resulta el instrumento más frágil de México en estos tiempos fallidos del PAN, el modelo económico —todo lo que pertenece al manejo de recursos naturales: el petróleo, el gas, los minerales, la ecología, el agua, el aire, los mares, el campo, etcétera—, es tema de la SN. Por la simple razón que los recursos son estratégicos. Algunos vitales para la supervivencia dentro de pocos años. Mejor dicho, ahora mismo.
En su última colaboración en Stratfor (21/VIII/2012), el mismo Friedman plantea en su “Estrategia de México”, que la “Discusión de la estrategia nacional normalmente comienza con la cuestión de la seguridad nacional. Sin embargo, un análisis de la estrategia de México debe comenzar con la economía. Esto se debe a que México es vecino de Estados Unidos, cuyo poder militar en América del Norte México niega las opciones militares que otras naciones pudieran tener. Pero la proximidad a los Estados Unidos no niegan opciones económicas de México”.
Cierto, pero hay que agregar que la economía impuesta desde el Consenso de Washington a México, allá en los años de Miguel de la Madrid, develan una economía ilícita. Bajo unas reglas que operan para sostener los intereses del gran capital, primordialmente estadounidense. Y el negocio de las drogas, con todo lo que implica, no es más que el síndrome típico de una economía rapaz. El monstruo controlado por EU se muerde la cola. Por tanto, no hay tal diferencia como propone Friedman; que si primero la economía, que si la SN. Es la misma gata, revolcada.

19-21/VIII/2012

martes, 21 de agosto de 2012

Ilegitimidad o Anulación



¿Será Peña Nieto del PRI, un presidente ilegítimo?
¿Anulará el Tribunal Electoral la elección del 1° de julio?
Por Salvador González Briceño

Ilegitimidad o anulación; esa es la disyuntiva. No hay más. Porque está más que probado, que en los comicios del pasado 1° de julio, las irregularidades desbordaron, mejor dicho atropellaron, todo atisbo de legalidad. Y de eso tienen que responder partidos y candidatos a los ciudadanos que acudieron masivamente —rompió record la participación—, a las urnas a votar.
Tremendo paquete para la autoridad electoral en México, desde el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE) hasta, en última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Porque en sus manos está casi todo el proceso electoral, desde la organización y el conteo, hasta la calificación y resolución judicial de las controversias que ya están fluyendo en forma de quejas y demandas.
La determinación está en sus manos. Y con ello el futuro del país, porque se juega con la legalidad, que va de la mano de la legitimidad para los próximos representantes populares —legisladores y gobernantes—, especialmente en lo referente a la calificación de la Presidencia de la República para el periodo 2012-2018.
Porque de dichas instancias federales electorales y políticas, dependerá el cómo y con qué calidad moral, salga triunfador o no (porque cabe la repetición del proceso) el próximo presidente de la República.
Pero es conocido que tamaña resolución final no depende sólo de las leyes y, en su caso de la interpretación que de ella hagan los juzgadores —en particular los magistrados del TEPJF—, sino del peso político y los intereses que están en juego.
Dicho en otros términos. ¿Pesarán más los compromisos particulares —de los oligarcas y potentados que abiertamente extienden sus cartas en estas coyunturas y las juegan con todo el poder de su firma— y pasarán por encima de las leyes que se presume rigen la convivencia democrática y el relevo del poder presidencial en México?
He ahí el dilema. Porque entonces tenemos, aparte de las leyes electorales, que el juzgador tiene que sopesar todo lo que entró en juego en esta elección presidencial, lo que incluye resistir y en su caso hasta someterse a la presión de dichos intereses en juego suscritos. Aunque no se diga; se asume como tal.

Conflicto e ilegitimidad

Por esta razón es que subsiste la desconfianza en la autoridad electoral; porque no es la primera vez que juzga en sentido contrario a la legalidad, y erige a funcionarios ilegítimos, sin importar el atropello contra la nación. Esto es, por un lado violando la Constitución, por el otro, violentando la voluntad popular, cuando el ciudadano acude con toda la confianza ante dicha autoridad electoral a emitir su voto con la esperanza que se lo van a contar y a contar bien.
Pero por algo se ha gestado, a raíz de las elecciones del pasado 1° de julio, un conflicto poselectoral con todas sus letras. No era lo deseable; más resultó posible. Porque como siempre, salieron a relucir los operativos tramposos del sistema político mexicano y de su clase política; un mecanismo lleno de artimañas gestado durante 71 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y tolerado y alentado en los últimos doce años por el Partido Acción Nacional (PAN).
Los antecedentes de ilegitimidad más recientes datan de dos elecciones presidenciales, las más sucias de la historia de México: las de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari se erigió como presidente de la República; y las del año 2006, donde el que surgió como ganador fue precisamente el actual titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa.
El primero cuando el PRI le arrebató la elección a Cuauhtémoc Cárdenas —quien después se supo negociaría con Salinas—, el segundo operado por el PAN y apoyado por el PRI, con Andrés Manuel López Obrador señalado como “perdedor”, pero donde todo apuntó a que le arrebataron el triunfo.
Además, no se olvide que el PRI se mantuvo en el poder por siete décadas gracias a que sabe operar todas las trampas para no perder, y las que no sabe las inventa. Desde los cañonazos de 50 mil pesos de Álvaro Obregón (que luego le costaría la vida su pretendida reelección), hasta la máxima de que “cuando pierde arrebata”.

Intereses en juego

Y ahora no fue la excepción. El pasado 1° de julio se orquestaron tamañas trampas electorales. En otras palabras, que todo apunta al fraude, como lo habíamos previsto en Reporte México, números 2 y 3. La más visible fue la compra masiva y con recursos millonarios, de votos en varias entidades del país.
Las tarjetas Soriana y Monex (¿con dinero de qué procedencia?; porque están ya las denuncias sobre el desempeño de las empresas fantasma, como parecen ser Inizzio y Epfra) son apenas la punta del iceberg. Y las evidencias forman parte de los recursos de impugnación de esta elección por parte del Movimiento Progresista, cuyo candidato afectado es también López Obrador.
El tema se esboza apenas, pero de las resoluciones no se sabrá hasta que se desahoguen los recursos de impugnación presentados. El caso es que el TEPJF tiene hasta el 6 de septiembre para emitir su dictamen final y dar carta al ganador.
¿Hacia dónde apuntan las cosas? Hemos dicho que no siempre pesa lo que determinan las leyes sino lo que imponen los intereses en juego. Y los intereses de los oligarcas pesan, porque son los que al final deciden. Tan sólo léanse los intereses de la empresa más evidenciada durante este proceso. Tiempo atrás que Televisa tiene y mueve sus propias fichas. Por algo en la siguiente legislatura federal habrá telebancada, porque metió a sus propios candidatos
No obstante, Televisa fue evidenciada por operar con recursos millonarios procedentes del Estado de México, desde los tiempos del gobernador Enrique Peña Nieto del PRI en la entidad, con la finalidad de promoverlo y posicionarlo como candidato presidencial. Eso le valió a la televisora un escándalo internacional, cuando en las páginas del diario británico The Guardian se describieron los hechos.
El asunto quedó latente, porque como reconoció un lector de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola en un Twitter respecto a los convenios, todo era evidentemente cierto. Tal y como lo había denunciado en sus páginas la revista Proceso unos años atrás. En otras palabras, todavía se está en espera que se juzgue a Peña Nieto por el uso ilegal de recursos públicos del Edomex, para su promoción permanente como figura presidencial.
Pero no sólo es Televisa. Algunos medios de comunicación compraron al candidato de las televisoras como “el bueno” o “el mejor”. Curioso fue, al menos, que hasta las mismísimas empresas encuestadoras resultaran descubiertas. Porque sus pronósticos fueron más que desaciertos durante toda la campaña electoral. Lo peor es que siempre mantuvieron a Peña Nieto por arriba de los otros contendientes, tanto del PAN como del PRD, para colocarlo como inalcanzable. Eso ya pareció como una muestra de que el fraude se estaba preparando.
Incluso resultó curioso fue que poco haya dañado la imagen de Peña Nieto durante la campaña, ni tras el affaire de la Feria de Guadalajara donde no supo citar ni tres libros que marcaran su vida, como tampoco se dio tras la visita a la Universidad Iberoamericana cuyo repudio gestó el movimiento #YoSoy132. Nada le afectó, además que no asistió al encuentro de candidatos del propio movimiento. Siempre arriba en las encuestas, hasta con mítines de acarreados y abucheadores.

Motivos para la anulación

Pero además de otros potentados que le apostaron al retorno del PRI a Los Pinos para el periodo sexenal siguiente 2012-2018, la propia estructura priista le echó toda la carne al asador para nuevamente regresar a la Presidencia de la República.
Bajo ese principio varios gobernadores (Estado de México y Veracruz. Pero también en Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Tabasco y Guerrero, entre otros) de dicho partido, señalados por reunirse con el candidato Peña Nieto, acordaron operar como lo hicieron. En ese contexto se inserta la “Operación Ágora”, orquestada por el SNTE que comanda Elba Esther Gordillo, quien se vende al mejor postor y además le debe el cargo al padrino que también está detrás de Peña Nieto, Salinas de Gortari.
De todo esto resalta la compra masiva, con inversiones millonarias, de votos a favor del PRI. Las pruebas que logre presentar el Movimiento Progresista y los propios afectados —muchos incluso priistas que todavía se quejan que los promotores del PRI no les pagaron lo que les prometieron a cambio de su voto— pondrán en jaque la legitimidad de la pasada elección.
Con todo y, tan sólo porque Peña Nieto y el PRI han superado en proporción de hasta seis veces los montos de tope de campaña que establece el IFE, ese sería ya motivo suficiente para, como propone la oposición que encabeza López Obrador, anular la elección.
Porque si para el TEPJF no contaran más que los votos al momento de decidir sobre un posible triunfador, y alegara que los votos están en las urnas tal y como lo comprobó el conteo de votos tras la apertura de casillas el propio IFE, todo el cochinero que está detrás y los infractores quedarían impunes y la elección avalada.
Pero eso significaría proceder injustamente y con criterios políticos más que el peso de la legalidad. Como lo estamos diciendo. Por eso mismo, tal y como lo planteó el propio dirigente de Acción Nacional, Gustavo Madero, Peña Nieto tendría un triunfo “legal pero no legítimo”. Y el país no está para soportar más ilegitimidad.
La situación es más que grave, no sólo en el terreno de la política sino en el de la economía, que le está dando al traste a los niveles de vida cada vez más decadente de los mexicanos. Con un modelo que se creó para contentar a Washington. Y Peña Nieto arremetería en contra de los mexicanos promoviendo —como ya amenazó que lo va a hacer—, con las reformas que le faltan al país vía del fast track: la laboral, energética, fiscal y política.

Los dos escenarios

I
Salvo que ocurra un milagro, el atropello el resultado es previsible: el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos. Porque el IFE cerró el recuento de más del 50 por ciento de los paquetes electorales que confirma la ventaja de Peña Nieto. Y el tribunal se apegue a eso sin chistar. El día 6 de septiembre estaría entregando la constancia de mayoría y de ganador de la contienda a Peña Nieto de PRI.
El Tribunal desoirá las causales de nulidad de la elección, como es el caso del rebase del tope de campañas. Y no estaría haciendo otra cosa que lo hecho también por el titular del IFE, Leonardo Valdez Zurita, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y hasta la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota: todos reconocieron a un ganador aún con las incipientes cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el domingo 1° por la noche.
Pese a la maquinación del fraude, todo quedará omisiones o en contubernio por parte de la autoridad electoral. Eso será claramente en detrimento de la democracia en México donde —ni hablar—, los ciudadanos se dejaron seducir también para prestarse a vender su voto.
Lo grave sería que la autoridad electoral pase por alto el causal de mayor peso para la nulidad del proceso: el excesivo gasto de campaña del PRI, que a todas luces da muestra de la inequidad de proceso. Y si el caso llega a la última instancia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para cuando eso ocurra habrá un presidente de facto. Lo peor es que, con todo ello, México no habrá ganado sino perdido. Se habrá fraguado un relevo del PAN por el PRI, que muchos de ellos llaman ya la alternancia, legal pero ilegítimo.
Pero durante la pasada elección el fraude no fue sólo porque se rebasó el tope de recursos durante la campaña. Además resulta: 1) Contrario a la verdad y a la rectitud, por perjudicar aquellos contra quienes se comete. Claramente la compra de votos es en perjuicio de ciudadanos que, ingenuamente o no, aceptan hipotecar su derecho a elegir libremente y a conciencia, bien entregando los datos de su credencial de elector a un tercero, o cruzando una boleta a favor de un candidato por consigna. 2) Elude una disposición legal en perjuicio del Estado, y de terceros. La acción de rebasar el tope de campaña, de los 336 millones de pesos autorizados para el candidato del PRI, se gastaron en realidad $1,800 millones de pesos, o el equivalente a seis veces el límite fijado por el IFE. 3) El delito lo comete el encargado de vigilar los contratos públicos o privados al confabular contra los intereses del país. Ni qué decir del PRI cae en esta actitud delictiva, por ser una entidad de interés y para fines públicos. El PRI debe responder por cualquier tipo de “contratación”, así como determinar si afecta o no a los intereses del país. Y en esa tesitura caen también las implicaciones de los funcionarios de ese partido.

II

Que las autoridades electorales procedan e investiguen a fondo todas las impugnaciones del proceso del pasado 1° de julio. Buena parte de esa documentación apenas está en proceso de elaboración y resolución. Es claro que el tema no puede ni debe diluirse entre enmarañados procesos judiciales sin respuestas prontas y expeditas, porque los tiempos electorales tienen vencimiento.
Nunca debe quedar fuera que la demanda del país es transición democrática. Una transición que el PAN no supo asumir en su momento. Así pues, retomar la legalidad pasa por revocar una elección que rebasó los topes de campaña, aparte las demás transas perfectamente acreditadas pero en vías de solución.
La postura de Reporte México siempre fue: que gane el que tenga el mayor número de votos, sin importar el candidato ni el partido. Pero que triunfe bien. No con trampas. Porque eso le trae más daños al país que beneficios, tanto en la política interior como hacia el exterior.
Por eso insistimos, que si la legalidad se aplica, valga repetirlo, que se anule la elección. Por el bien de México, por el bien de los ciudadanos que votaron el pasado 1° de julio.
Ya veremos lo que sucede, si tenemos a un presidente ilegítimo o se repite el proceso electoral presidencial en aras de la legitimidad.


RECUADROS

Fraude
Del latín fraus o fraudis, del diccionario de la Real Academia Española (RAE). La palabra fraude tiene tres acepciones: 1) “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”; 2) “Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”, y; 3) “Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos”.
Para la misma palabra, la sinonimia comprende los siguientes derivados: estafa, engaño, timo, falsificación, mentira, dolo, sablazo (coloquial) y chamarra (Centroamérica). Sobre la democracia, sin entrar por ahora en tamaña discusión, el mismo catálogo considera: “Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno”, y esta otra; “Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”.

Compraventa del voto
Los operativos de compra-venta del voto se armaron con promotores del propio PRI y otros activistas, habida cuenta que en 2011 el también priista Eruviel Ávila, ahora gobernador del Edomex, habría ganado con “el ensayo de la doble contabilidad en la campaña electoral”, como lo ejecutaron ahora Peña Nieto y el dinosáurico PRI para ganar la presidencial. (Ver el reportaje de Proceso N° 1982, “Votos de oferta”).
Visto así el problema, a los mexicanos que decidieron votar por Peña Nieto y se les convenció por unos pesos al vender su voto por la pírrica cantidad de $100.00 a $1,500.00 (se habla de hasta $5,000.00, en el peor de los casos para el PRI); o lo que es lo mismo, hipotecaron la comida de unos días a cambio de perder los siguientes seis años de su vida, y el de quienes sufragaron por otros candidatos.