25/agosto/2011
*Compromiso de la institución con la sociedad
*Para la Construcción de una Política de Estado
El documento de la UNAM, “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, producto de un amplio foro realizado en las propias instalaciones de la Universidad, en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, donde se discutió sobre los temas de “Seguridad y Justicia en Democracia”, entre el 6 y 10 de junio, es de una importancia fundamental.
“Esta propuesta [que va dirigida] al Estado mexicano —dicta el documento—, se nutre del espíritu y letra de la legislación citada [la Ley Orgánica de la UNAM, cuyo propósito es servir al país], de un ánimo de colaboración con la sociedad y el Estado, con un deseo solidario de contribuir a encontrar soluciones a nuestros problemas actuales de seguridad y justicia en democracia. En la Propuesta y sus recomendaciones existe un ánimo propositivo. Es momento de unir voluntades y esfuerzos, ni de dividirnos”.
Lo que sigue es una muy sucinta paráfrasis. Sólo para brindar algunos elementos para la discusión, tan urgente como necesaria. Sobre todo porque le incumbe a la sociedad directamente involucrarse en la redefinición o replanteamiento del problema urgente del restablecimiento de la seguridad, tanto “pública” como “social”.
La dimensión que ha alcanzado la violencia en numerosas regiones del país, causando un daño irremediable a personas, familias y comunidades, llegando incluso a debilitar el proyecto de desarrollo nacional, multiplica la preocupación en todos los sectores de la sociedad sobre la manera como los gobiernos federal, estatal y municipal están enfrentando el problema. Las más diversas expresiones sociales de todos los sectores evidencian la necesidad de “transformar el paradigma dominante en la seguridad y la justicia”. Incluso porque el presidente Felipe Calderón “ha solicitado propuestas sobre los cambios requeridos”. Eso es lo que anima a la Universidad a elaborar una propuesta.
Una política de Estado resultaría estéril si no se toman decisiones y realizan acciones contundentes, desde las más altas responsabilidades y liderazgos privados, “para reducir las prácticas de corrupción e impunidad”. Por otro lado, es evidente que la estrategia actual que goza de una “creciente disponibilidad de recursos para las fuerzas de seguridad y el aparato de justicia”, así como reformas y adecuaciones a las estructuras administrativas “se ven superados por la realidad”. Por ello, las políticas púbicas en materia de seguridad presentan algunos problemas como los siguientes.
Hay un soporte teórico y conceptual insuficiente. Pese a una amplia producción académica y profesional en México y el mundo, del marco de análisis “está desvinculada la política de gobierno”. “Esta debilidad se manifiesta en la confusión general de conceptos como ‘seguridad nacional’, ‘seguridad interior’, ‘seguridad pública’, ‘seguridad ciudadana’ y seguridad humana’”; confusión que tiende a sobrecargar el concepto de “seguridad nacional”. Desdeñando, incluso, que la Constitución refiere expresamente la “seguridad interior”, la “seguridad nacional” y la “seguridad pública”.
La práctica institucional en la materia, además que no se adecúa al marco constitucional sobre seguridad y los derechos humanos, coloca en el centro a las instituciones y desdeña al ciudadano poniéndolo al margen. Igualmente, las políticas en materia de seguridad pública y justicia, están desvinculadas de los fines que persiguen, porque los objetivos del Estado no están en un marco de acciones de corto plazo sino en fines políticos y hasta electorales.
La prevención está desatendida. Se han privilegiado las acciones legales y las penas por encima de las medidas preventivas. Así, el presupuesto público está destinado al castigo, mientras se ignora “el gasto en educación, salud y empleo”, que por sí mismos son inversión en prevención, pese al discurso público. En realidad está limitada porque el Estado “pone las intervenciones policial y militar en el centro de las políticas”. La “centralidad en la fuerza militar parte del menosprecio del potencial de la prevención como estrategia eficaz para construir comunidades seguras. El hecho opera exactamente en sentido opuesto a la tendencia internacional dominante para atender contextos en riesgo”.
También, el Estado emprende acciones y decisiones coyunturales y reactivas, en la “ausencia de una visión integral y coordinada al corto, mediano y largo plazos”. Falta una “política pública” de carácter general. Además, la “formulación de políticas e instrumentos no funcionan como punto de encuentro, consenso y soporte de decisiones del Estado”, sino para la confrontación política influenciada por intereses de partido. También, “el empleo de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública y procuración de justicia, ambas ajenas al mandato [constitucional] que le es natural, está directamente asociado a la neutralización de los liderazgos civiles capaces de encabezar y consolidar exitosas políticas de seguridad”.
Urge consolidar sistemas de rendición de cuentas, así como la instalación de programas serios y duraderos para la capacitación en todas las áreas y jerarquías. Asunto de la mano, es que la “incapacidad generalizada de las políticas de seguridad para servir a la sociedad ha terminado por extender la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Peor aún, buena parte de los gobiernos ha optado por decidir y actuar sin la validación de la legitimidad ciudadana”.
La retórica de la confrontación, cuando el gobierno lo pone en términos maniqueos entre “buenos” y “malos” —“la lucha se va ganando porque mueren más del otro bando”—, propicia la radicalización de las posturas y la superficialidad en el análisis de la respuesta adecuada del Estado”. Contrariamente, el avance de la violencia se palpa porque “se contratan guardias personales, se forman grupos paramilitares para la defensa y el ataque, las poblaciones pobres lanzan organizaciones armadas en los pueblos, los jóvenes en situación de marginación están sujetos a un mayor riesgo potencial de criminalizarse… En particular es alarmante el aumento de la violencia en contra de las mujeres, mismas que se encuentran en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad”.
El diagnóstico es parte de la solución. O como lo dice el documento de la UNAM: “La solución de un problema comienza por su adecuada definición”. Y esta a su vez, depende de la calidad de la información. Ésta se tiene gracias al trabajo de los medios de comunicación, de la academia, de la sociedad civil y de las autoridades. Partiendo de esa base se puede caracterizar a los múltiples problemas.
Los homicidios dolosos pasaron de menos de 3 mil a más de 15 mil en 2010. Menos del 5% de los delitos denunciados son objeto de proceso penal. “En 2010, 6 de cada 10 mexicanos cree que la delincuencia organizada está ganando la lucha al gobierno”.
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