JUICIO A LA CORTE

26/julio/2010

*Jurisprudencia contra jubilados y pensionados
*El IMSS estaría pagando hasta 60% menos

A rajatabla. Así aplicó la jurisprudencia 143/2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en contra de los jubilados y pensionados, como lo hizo el pasado 9 de junio de 2010. Sí, en sesión privada —o lo que es lo mismo, a puerta cerrada— resolvió una controversia interpuesta por particulares sobre el pago de su pensión, a favor de la citada dependencia. Pero lo hizo no con base en el soporte jurídico actual, sino ¡en una ley derogada desde 1973! Y con base en esta ley vieja y superada, ¡la Corte le dio la razón al Seguro!
De Perogrullo. Y atentatorio de los derechos de los jubilados, porque hace jurisprudencia; es decir, sienta bases para, en lo sucesivo y si cuenta con otras tres controversias resueltas a su favor, ¡se aplique con vigencia de ley! Es decir, que con base en trampas, la SCJN se erige en creadora de leyes cuando su papel se limita a ser vigilante (al tener que resolver controversias entre los poderes, o la aplicación abyecta de la ley) de las mismas y porque esa facultad le compete única y exclusivamente al Poder Legislativo, que como su nombre lo indica “legisla” o elabora las leyes de este país, según la ordenanza constitucional. O sea, que en este asunto la SCJN se descara como ¡la principal instancia que se brinca los designios constitucionales, siendo que por su jerarquía es la mayor obligada a respetarlos!
Todo porque la Suprema resuelve no conforme a la interpretación legal e imparcial de las leyes sino en cuanto a sus inclinaciones políticas; esto es, de conformidad a los lineamientos impuestos por el poder político en cuestión y a sus perversos intereses. No en balde a los ministros de la Corte se les cataloga como afines al proyecto de la derecha panista y calderonista. Porque finalmente fueron colocados en esos puestos con el palomazo del PAN en el Senado, y donde además perciben salarios y pensiones —ellos sí— millonarias, sin importares la equidad ni la justicia en la aplicación de las leyes en este país.
Por eso ha causado gran revuelo, una vez que se ha descubierto el absurdo, aparte de entre los propios jubilados y pensionados del IMSS, de representantes del mismo poder legislativo demandando juicio político en contra de aquellos ministros que votaron semejante jurisprudencia.
El atropello a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos en general y no únicamente para los hoy jubilados, es porque si el comité técnico del IMSS decide aplicar la jurisprudencia avalada por la Suprema, entonces estaría desconociendo de un plumazo los derechos ganados por los trabajadores a una pensión que ellos mismos conforman durante sus años de cotización y vida laboral, no como ahora que es de hasta 25 salarios mínimos sino con tope máximo de 10 minisalarios.
Lo que significa, en otras palabras, que un millón 200 mil de jubilados y pensionados por el IMSS estarían perdiendo de un jalón —y percibiendo por lo tanto— ¡hasta un 60 por ciento menos de su percepción mensual! Y con ello, resolverle los problemas tanto al propio Seguro como a la Secretaría de Hacienda.
Desde hace algunos años que el IMSS alega problemas en sus finanzas. Entre ellos, ahora destaca el seguro de salud para la familia, que reporta un déficit del 1.4 por ciento del PIB; y la atención médica de 2.6 millones de pensionados, según los datos del informe financiero 2009-2010. Pero, ¿quién revisa sus estados financieros? ¿Qué culpa tienen los trabajadores de que el Instituto no maneje bien los recursos? ¿Es caso falso que el propio tabulador de pago de pensiones, se maneja de un modo indiscriminado porque aplica una tasa para los “amigos” y “recomendados” de la institución y del gobierno —ellos sí con jubilaciones millonarias— y otra para el resto de los trabajadores? Urgen, como mínimo, llevar las auditorías internas al IMSS.
Porque seguramente otros, desde funcionarios de gobierno y los propios directivos del IMSS, son los responsables de que las finanzas caminen en el desfalco, menos los propios aportantes que son trabajadores que cotizan durante toda una vida laboral para después gozar de un derecho ganado con sus propios recursos, y luego conforme lo reconocen las propias leyes, comenzando por la propia Constitución.
Por eso es procedente el juicio a los cinco ministros de la Corte que levantaron el dedo para avalar el atropello. Y más en contra de los jubilados y pensionados de este país. Tal pareciera que lo que se persigue es tener a los pensionados con percepciones de hambre y/o no viviendo sino sobreviviendo entre la pobreza y la mendicidad. Y no se olvide que, de la manera en que un país trata a sus ancianos y niños, así demuestra los valores que anida.
El caso es que, además de todo el aval de la Corte para semejante artimaña, se olvida que los ahora jubilados son los trabajadores que han sostenido las crisis recurrentes del capitalismo en México desde los años recios de la década de los 80 para acá. Y ello implica, también, que los jubilados de hoy son los trabajadores de ayer, quienes por esa circunstancia vieron cada vez más mermadas sus percepciones salariales bajo la promesa de que una vez superada la crisis habría mejora salarial. No sólo eso. También debe tenerse en cuenta que se castigó a la clase trabajadora mediante la contención salarial so pretexto que el salario es inflacionario. Una tesis absolutamente absurda.
Y ahora la estocada, ¡y avalada por la Suprema Corte! Bonito agradecimiento para los extrabajadores que han entregado su vida en sostener las tropelías de una clase política que les paga con estocadas y medidas a traición. Como es el caso del procedimiento de la Corte misma, que trabaja a puerta cerrada para legislar y atropellar derechos, como los ganados por los hoy jubilados y pensionados.
El juicio político que proponen los legisladores es procedente en contra de los ministros, aquellos que avalaron semejante atropello en contra de los jubilados y pensionados del país. El legislador tiene la palabra. Cierto que se debe revisar el asunto de los ingresos del IMSS para subsanar o equilibrar sus estados de cuenta. Pero también es importante revisar los pagos diferenciados. Lo que resulta imperdonable es tratar de cubrir los desfalcos financieros perjudicando a los pensionados. Daniel Karam, el actual director del Instituto, debe explicar la trampa, como lo solicita el legislador, cuando el PRI demanda su comparecencia ante la Comisión Permanente.

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