25/julio/2010
*Trastocamiento de la institucionalidad
*Reto: reconstruir al Estado, a la nación
“Cuando nacen las sociedades, los jefes de Estado son los que dan a éste su carácter especial. Después, este carácter especial es el que forma a los jefes de Estado”: Montesquieu (1689-1755).
Cuando en un país se judicializa la justicia es porque las instancias previas ya no resolvieron cualquier tipo de asunto que en un momento dado se presenta. O porque el problema en cuestión no encontró solución alguna y de concertación entre las partes; sin importar el tipo de instancias o instituciones que involucre. Tampoco los actores implicados.
Pero en el marco de un Estado de derecho eso deviene en un problema grave. Porque o bien las instituciones construidas ex profeso ya no operan, o también porque los interlocutores, funcionarios públicos responsables e intermediarios, no saben cómo hacer su trabajo. En el primer caso, debe revisarse la operatividad de aquellas instancias —muchas veces “elefantes blancos”—; en el segundo, no hay como remover a los titulares, a los que toman las falsas decisiones, porque no resuelven.
No obstante, cuando aparecen estos síntomas es porque el andamiaje institucional resulta frágil. O bien porque las directrices quedan cortas frente al reto que el país exige. Cuando falla la cabeza también flaquean los pies. De modo que para entender el problema hay como dos opciones: 1) O el Estado padece resquebrajamientos o trastocamiento en sus instituciones, como una máquina en desuso; 2) O bien que los gobernantes no tienen la capacidad para otorgarle la dirección necesaria; e incluso ir más allá. Porque un país se gobierna con la mira puesta en el futuro. El ayer y el ahora sirven para tomar impulso.
Pero resolver el problema tampoco resulta sencillo, porque pasa primero por reconocer su magnitud, extensión y profundidad, que puede llegar hasta la exigencia de reestructurar el aparato estatal. Viene luego la urgencia de enfrentar los retos que también pasan por el diseño de las políticas adecuadas y del consenso. Con todo y actores involucrados. El principal resulta ser, en el caso del presidencialismo, el titular del poder Ejecutivo. Ese actor que debe estar a la altura de los cambios en demanda.
Por eso hemos dicho en varias ocasiones que en tanto el presidente Felipe Calderón no tenga claro el proyecto de nación, tampoco sabrá hacia dónde conducir al país (estamos hablando de México, pero puede ocurrir en cualquier otro). Y que los cambios deberán comenzar desde arriba. Lo anterior, siempre y cuando se sigan los procedimientos tradicionales de obedecer el mandato del jefe supremo. Otro problema es cuando eso no sucede; es decir, cuando el titular y principal responsable no tiene la capacidad de dirigir.
Porque lo siguiente sería el abandono de ese mecanismo por anquilosado desde los años de la reestructuración neoliberal que afectó a todo lo demás. Dejar de lado el que los cambios inicien desde arriba, para hacerlo en sentido inverso. Ya cuando la cabeza del presidencialismo y por tanto del Estado no funciona, o ha quedado rebasado —como resulta el caso mexicano—, luego entonces proceder a cambiar o hasta resolver la coyuntura, a partir de la propia sociedad.
Lo peor es que este tipo de procedimiento se denigra desde el poder mismo. Y no sólo eso. Cuando en lugar de alentar a los actores —que bien puede ser la sociedad en su conjunto; o aquella sección organizada— para promover los cambios, o sencillamente aplicar las políticas y los presupuestos de manera consensuada para resolver los problemas, se les margina o hasta repele con el uso de la fuerza. Brota la tentación autoritaria cuando engendra represión. Alentando así las discrepancias y polarizando las posturas.
Lo delicado es cuando los problemas, unos ahora otros después, se salen de control. Y, o no se emprenden las acciones pertinentes para atenderlos, o se incurre en medidas que pronto resultan frágiles. Ahí está el desbordado problema del narcotráfico y la creciente inseguridad que lo acompaña, cuya solución no tiene para cuando en tanto que la sociedad es duramente golpeada y nunca consultada para política alguna. Bueno, ni siquiera para las medidas preventivas; menos escuchada para elaborar alternativas.
Hay gobernantes que suponen que las instituciones se crearon únicamente para complacer los interese propios o del grupo en el poder. Y que por lo tanto, todo aquello que forma parte de tales instituciones debe operar para atender tales y muy particulares designios. Así lo han entendido los últimos cuatro o cinco presidentes. Esas han sido las pautas a seguir. Pero están equivocados. Y más pronto que tarde se pagan las consecuencias. Por lo mismo, ahora el partido en el poder en México no tiene el apoyo de los ciudadanos. Por eso ha perdido terreno electoral.
Pero entonces el reto principal del país sique en pie. El restablecimiento de la institucionalidad, para que el Estado comience a brindar los resultados que la sociedad espera de él. Porque el Estado no está para ser usado en bienestar de unos pocos, y en perjuicio de la mayoría —no obstante su naturaleza—. Mucho menos con el uso de la fuerza.
La salida para muchos de los problemas tiene mecanismos muy concretos. Pasa por tomar en cuenta a los implicados. Eso sí, con la mira puesta en el interés general. Nunca con el ultraje del andamiaje institucional o la violación del marco constitucional. Porque sólo la legalidad le brinda certeza y credibilidad a los actores. Otra cosa es violentarla. Cuantimás que a México le costó sangre la edificación de las instituciones como tales. Muchas revoluciones, como la ya olvidada Revolución Mexicana. Al menos para la satisfacción del bienestar general. El gran pendiente.
Lo delicado del asunto por ahora es que, el utilizar al poder judicial para disipar cualquier problema, es tanto como admitir que las instancias que deben resolver los conflictos no sirven para nada. Pero aún. Utilizar a la Corte, incluso para resolver así sea en contra de su propio andamiaje jurídico resulta más que peligroso, porque después de eso no hay más.
Es decir, lo que sigue después de la Corte es el desfiladero. Porque deviene lo demás. Cualquier cosa fuera de la legalidad y de la institucionalidad. Ese es el auténtico peligro que amenaza cuando no hay soluciones en el inter y se llega a los extremos. La sociedad quiere un interlocutor en las instancias de gobierno, no un enemigo en cualquier ventanilla de gestión. Así el trámite sea en la ventanilla de la Corte. No hay nada por encima del Estado; cierto, pero también el Estado debe estar a la altura.
Correo: maniobrasdelpoder@gmail.com
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