CARPETAZO AL SME

07/julio/2010

*Resolutivos políticos de la SCJN
*Firme, decreto de extinción LyFC

“Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”: Montesquieu (1689-1755).

Es político, más que jurídico el comportamiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México. Y por lo tanto el tratamiento de los resolutivos es parcial, más que apegado a la norma constitucional y a las leyes que de ella emanan —con todo y que hay debate y expresiones contrarias—, cuando se impone la tendencia general.
Grave, pero así es. Y los ejemplos sobran. Entre los últimos casos está el carpetazo que le ha dado la Corte a la demanda de amparo en contra del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que interpuso el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Pese a la fundamentación absurda e injustificada y al procedimiento ilegal utilizado, tanto por el decreto presidencial como para la desaparición de una empresa que prestaba un servicio estratégico y era fuente de empleo para miles de trabajadores.
Se trata, ni más ni menos, de los dictámenes del órgano máximo judicial del país y que por tanto son inapelables. Por eso representan la última palabra jurídica y legal posible. Siendo que, justamente por ese motivo, deberían ser lo más apegado a la norma para evitar un manejo interpretativo distorsionado de la Ley máxima: la Constitución General de la República. Y para evitar también y sobre todo, el desgaste del Estado de derecho.
Pues así es. Que la SCJN no ha actuando siempre apegada a derecho, sino que responde al interés político de los dirigentes en turno. Porque, o bien está al servicio del Poder Ejecutivo, o bien de los intereses de la clase política o de los grupos de poder que presionan en un sentido u otro para la toma de decisiones. Lo que significa resolver a contentillo del presidente y no de una aplicación imparcial de la norma fundamental.
Muchos son los casos resueltos en ese sentido. Tantos más los ejemplos que apuntan a tamaña aplicación política de los asuntos. Sigue fresco el caso de la guardería ABC de Hermosillo, que quedó en la impunidad para la historia vergonzosa de este país. Como otros que ponen en entredicho a los juzgadores máximos del mismo país.
Como lo refirió el ministro que presentó el dictamen de ABC ante el pleno, Arturo Zaldívar y reflexionamos así el pasado 17 de junio en http://maniobrasdelpoder.blogspot.com/2010/06/impunidad-el-caso-abc.html: “La Corte —dijo, disculpando la cita— ejerce su facultad de investigar cuando los demás órganos del gobierno ‘se han colapsado, cuando por el tipo de asuntos se advierte que va a ser difícil llegar a una resolución satisfactoria’. Tal como ocurrió con los casos de Aguas Blancas, Atenco, Lidya Cacho, Oaxaca y ahora ABC.”
Es decir, que el máximo tribunal se limitó a señalar si se registraron o no “violaciones graves” de garantías por el incendio. Pero no a “responsables”, como propuso el ministro Zaldívar en el dictamen: “Fincar responsabilidades de tipo moral, político y ético a los funcionarios públicos” relacionados con el accidente en cuestión. Pero nada. El exdirector del IMSS, el exgobernador de Sonora y otros funcionarios menores quedaron en eso: “involucrados”, pese a las evidencias del caso y la muerte de los 49 niños. Para la impunidad.
También, en el caso de la demanda de amparo en contra del decreto de Calderón, la Corte resolvió que el presidente tiene facultades para decretar como lo hizo para el caso de organismos descentralizados. Pero pasó por alto el procedimiento que enmarca la propia ley para organismos cuya actividad resulta estratégica y de utilidad pública para el país. Y en donde debe utilizarse el mismo procedimiento para su extinción, como su creación y eso pasa por el poder legislativo. Eso no importó a la Corte. Por lo tanto, dio el visto bueno a un procedimiento presidencial completamente arbitrario.
No sólo eso. Deja al libre albedrío los derechos de los trabajadores al resolver que, por un lado, el decreto no violenta el convenio 87 de la OIT por no atentar contra el sindicato y dejar intactos sus derechos (porque el objeto era “liquidar la empresa por considerarla inconveniente para la economía nacional”); pero además, que la propuesta del propio SME del “patrón sustituto” queda a expensas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para que en su caso los trabajadores sean contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Y faculta a otras instancias como la Secretaría del Trabajo, a que se cumpla con las jubilaciones y demás derechos laborales de dichos trabajadores. Como dijo el dirigente del SME, Martín Esparza (con todo y que el que aceptan las autoridades es al disidente Eduardo Bobadilla Zarza, como secretario del trabajo del sindicato): “La resolución no acaba con el contrato colectivo de trabajo del SME, no con el sindicato, por lo que la pelea es con uñas y dientes la materia de trabajo ante los tribunales laborales”.
La SCJN no consideró, desde luego, los causales que fundamentaron dicho decreto. Ni los fines de la desaparición de LyFC, empresa de la cual se licitará la fibra óptica en lo inmediato, como ya está ocurriendo con la fibra oscura de CFE. Eso no interesa para nada. Porque como dice un reconocido abogado mexicano: “La SCJN está integrada por oscuros y mediocres abogados sometidos al poder de El Yunque y del PAN, señalados continuamente como reaccionarios y corruptos y que lo único que buscan es desmantelar la nación y cancelar los derechos sociales de los mexicanos de manera abrupta”.
Se olvida que “La Constitución y las leyes de la República no pueden ser aplicadas a los funcionarios panistas por los tribunales porque la derecha mexicana controla a la SCJN y a las instancias federales y locales de justicia. En el modelo político neoliberal los ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial no son otra cosa que empleados de los poderes fácticos, sometidos no a la legalidad formal de la nación sino a los dictados del poder…” (Luis Javier Garrido en La jornada, 18/junio/2010).
Al garete, está previsto que ni la ST ni CFE contribuirán a resolver el tema del empleo para los trabajadores del SME. Quizá algunos acudan a cobrar las indemnizaciones ofrecidas a partir de ahora como tercera etapa de liquidación. Pero quedan todavía los tribunales internacionales (OIT, CIDH), en donde han sido bien recibidos porque encabezan una lucha por la dignidad en el país. Pese a los artilugios, las maniobras del poder.

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