06/junio/2010
*Largo trecho, entre resolutivo de la SCJN
*Todo apunta: altos funcionarios del IMSS
“El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad”: Albert Einstein (1879-1955).
El señalamiento de “responsabilidad por omisión” de la muerte de los 49 niños y lesiones a otros 104 infantes, por el incendio del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo Sonora, que hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la jornada del pasado jueves 3 de junio, apenas es el comienzo.
Es un avance importante, pero ojalá no sea el final del caso. Porque de ahí a que la justicia declare culpables a los 15 funcionarios públicos, entre los cuales están Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS (2006-2009) y actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el entonces gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bours Castelo y el hoy director del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh, hay un largo trecho.
Se trata del dictamen presentado al pleno de la máxima instancia judicial, por el magistrado encargado de su elaboración, Arturo Zaldívar, a un año de ocurrida la tragedia y doliente peregrinar de los padres que desde entonces claman justicia en todos los foros e instancias posibles. Pero nada. De los otros doce servidores públicos señalados por la Corte, cinco pertenecían al Seguro en los tiempos de Horcasitas, cuatro del gobierno de Bours y tres de la cabecera municipal de Hermosillo.
A la presentación del dictamen, la Corte decidió otorgarse, por decisión del presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, un receso del 7 al 11 de junio, para “tener el tiempo de estudiar” y analizar el documento de 370 páginas resultado de la investigación que realizó la instancia a cargo de Zaldívar, para votarlo con conocimiento de causa el día 14. La indagatoria solicitada por el Congreso marcan pautas de responsabilidad, por “omisiones de vigilancia y supervisión”, principalmente en materia de protección civil, provocando así “violaciones graves a las garantías individuales” por parte del mismo Estado.
En igual sentido, Zaldívar atribuye a Horcasitas como director del IMSS, “el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación”. Una función, de la subrogación, que la institución se atribuye pero carece de facultades para hacerlo. Un otorgamiento sin soporte legal. De ahí la omisión y negligencia, por una operación irregular y nula supervisión.
En corresponsabilidad incurre también el sucesor Karam. “Es responsable de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica que se ha brindado a las víctimas”. La deficiente atención médica posterior a la tragedia, y por asumir todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección del IMSS. Los sobrevivientes fueron mal atendidos en sus afectaciones pulmonares; algunos con secuelas de largo plazo, otros con daños de por vida. También el gobernador, Bours, “incurrió en inexcusables actitudes omisas” que generaron el incendio de la Guardería ABC. Descontrol aparte que se generó a los padres tras el accidente porque hubo total desorden informativo; “varios padres tuvieron que recorrer varias veces los hospitales en busca de sus hijos, sin que se les informara acerca de su paradero”.
Todos tienen responsabilidad. El informe de Zaldívar asienta también que, conforme a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), habría irregularidades detectadas desde el “Informe de Resultados” 2008. Porque “el IMSS omitió incluir en los contratos que celebró con particulares la obligación de cumplir con las normas de seguridad previstas en las normas oficiales mexicanas y respecto a la normatividad sobre protección civil a niveles federal, estatal y municipal”.
Así, “sólo el 0.3 por ciento se ajusta a todos los requisitos necesarios para su funcionamiento, 69.7 por ciento no cuenta con equipo contra incendios, 72 por ciento recibió un dictamen favorable en el estado de sus obligaciones y 51 por ciento tiene el reconocimiento oficial de la SEP”. Todavía más: “el 40 por ciento carece de un dictamen de protección civil vigente, 72 por ciento ha obtenido el visto bueno del cuerpo de bomberos, 75 por ciento cuenta con constancia de realización de simulacros y 57 por ciento tiene detectores de humo, entre otros datos”. Y la ABC operaba en bodega habilitada y sin los requerimientos de seguridad, según reporte de visita del 26 de julio de 2006 del propio IMSS, sin que se corrigieran.
Pero el reclamo de justicia de los padres de los niños que vivieron la tragedia todavía no se cumple. Y así lo reconoce la propia Corte, cuando asegura que “el dictamen no es vinculante” con la culpabilidad ni la acusación directa de los involucrados. Porque la SCJN “no prejuzga” sobre la responsabilidad penal, administrativa o civil de los servidores públicos involucrados.
Dado que su función es señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas. Esas serían las consecuencias del resolutivo: “en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática”. No obstante, los padres recuerdan cómo el titular de la PGR les prometió “acatar el fallo” de la SCJN.
La declaración del día 5 de junio como “día de luto nacional” en memoria de los niños fallecidos en la Guardería ABC, no puede quedar sólo para el recuerdo. Menos resuelto tres días antes del primer aniversario trágico sólo “para limpiar su imagen”, como acusan los padres a Felipe Calderón al decretarlo. Porque una flagrante violación a los derechos humanos, de los niños, de los padres y de la sociedad en general, no puede dormir el sueño de los justos. Muchas puertas han tocado los padres organizados en el Movimiento 5 de junio, sin ser oídos incluso por el propio Calderón. El dictamen final de la Corte será el comienzo —tardío, desde luego— de la posible justicia. Pero podría seguir la impunidad con un cierto baño de pureza. Se verá.
Quedará pendiente la revisión de la normatividad de la subrogación de guarderías. La operación ilegal de un servicio que corresponde sólo al IMSS, es terreno minado propicio para mayores accidentes. ¡Nada en aras del negocio para amigos o familiares de los funcionarios! Menos arriesgando la vida de los niños. La hipótesis de que el fuego iniciado en una bodega de Hacienda, adjunta a la Guardería ABC habría sido provocado, es un mero distractor. Así proceda del titular de Gobernación. El daño está hecho. Los padres y la sociedad seguirán exigiendo justicia.
Correo: maniobrasdelpoder@gmail.com
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