IMPUNIDAD, EL CASO ABC

17/junio/2010

*La SCJN invalida el caso
*Resta la denuncia externa

“Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla”: Gilbert Keith Chesterton (1874-1936).

Desde la tragedia hasta la impunidad. A poco más de un año del accidente en la Guardería ABC, de Hermosillo, en el estado de Sonora. Ese es el camino —oficial, formal y legal— que ha tomado el caso del incendio del 5 de junio de 2009, en donde perdieron la vida 49 niños y otros 104 resultaron con lesiones de no poca gravedad. Con impotencia e indignación, incertidumbre y llanto, así fue como los padres de los niños recibieron la votación final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en pleno. Ocho en contra, tres a favor.
Del dicho al hecho. El dictamen del ministro Arturo Zaldívar pintaba bien. Honestidad y buenas intenciones por su parte. Con sólo seguir las evidencias. También defendió su informe en las dos sesiones, de lunes y martes. Pero claro: faltaba el cedazo de los diez ministros de la Corte.
Fue a petición del ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que la SCJN se tomó una semana (del 6 al 11 junio), para analizar y estudiar —¿o cabildear?— el dictamen que sobre dicho accidente presentara para su consideración el ministro Zaldívar, luego de exhaustiva investigación del caso en donde aportó lineamientos importantes.
El dictamen previo señalaba a 14 funcionarios como “responsables por omisión” de violaciones graves de garantías, entre quienes estaban el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, por un lado y el hoy exgobernador por Sonora, Eduardo Bours Castelo, por el otro.
Pero el acuerdo de ayer es que dicho tribunal se limitará a señalar si se registraron o no violaciones graves de garantías por el incendio. No “responsables”. Tampoco consideró otra propuesta del propio ministro Zaldívar, en el sentido de “fincar responsabilidades de tipo moral, político y ético a los funcionarios públicos” relacionados con el accidente en cuestión.
Es decir, que sobre el caso Guardería ABC, la Corte fue en reversa.
Es decir, para la SCJN no hay responsabilidades, sólo habrá “involucrados”. ¿De qué sirve entonces la facultad de investigación que tiene la Corte, si dicha facultad se ha visto acartonada, “en la indagatoria de violaciones graves de garantías”, como replicó el ministro Zaldívar? “Si me quedo en minoría —dijo al pleno—, así será”. “Lo que importa son los razonamientos, los argumentos y las convicciones”, observó. Que son irrenunciables.
Por 8 los votos contra tres, el dictamen del ministro Zaldívar no pasó. Nadie se “convenció” para fincar responsabilidades a los 14 funcionarios mencionados. El argumento de la mayoría es que el Artículo 97 no autoriza a la Corte a fijar responsabilidades. A lo que Zaldívar replicó: “Bueno si eso fuera cierto, realmente el 97 no sirve para nada, y sí no sirve para nada, la verdad, y lo digo con el mayor de lo respetos, pues mejor no ejerzamos la facultad, pero si lo hacemos, vamos a darle un sentido”. El decir que las autoridades son “vinculadas” es un eufemismo, agregó Zaldívar.
Pero son autoridades responsables las que provocan, por acción y omisión la violación grave de un derecho fundamental. Zaldívar dijo que la Corte ejerce su facultad de investigar cuando los demás órganos del gobierno “se han colapsado, cuando por el tipo de asuntos se advierte que va a ser difícil llegar a una resolución satisfactoria”. Tal como ocurrió con los casos de Aguas Blancas, Atenco, Lidya Cacho, Oaxaca y ahora ABC.
Pero por si fuera poco, todavía la Corte validó el sistema de subrogación de guarderías (por 7 votos contra 4) del IMSS: “Porque la institución carece de los medios económicos, materiales y humanos para cumplir con sus propios medios con la obligación constitucional de otorgar el servicio de guarderías a los trabajadores”.
El dichoso esquema bajo el cual operaba la guardería ABC. No obstante el señalamiento de Silva Meza, en el sentido que ese sistema lo único que tiene es “un modelo de negocios que se justifica para reducir los costos”, pero no considera “el contenido social de la prestación de este servicio”. O al otro del ministro Gudiño Pelayo, para quien la subrogación “se hace por adjudicación directa, por “favores y preferencias personales”, por influencias y favoritismos.
Abundó Gudiño: “En este caso, como prácticamente (en) todos los demás, no hay control absolutamente de nada. El contrato se otorgó, la guardería se puso en marcha, los riesgos se hicieron notar y nunca se subsanaron”. En otras palabras, que no hay control absolutamente de nada. Y agregó categórico: “Esto explica, para mí, que sea precisamente la protección a esos intereses la razón por la que no existe un efectivo control sobre el adecuado funcionamiento de las guarderías subrogadas”, remató.
En todo caso, dijo el ministro presidente Ortiz Mayagoitia —quien se sumó a la mayoría—, no “compartir el señalamiento” respecto de que con la tragedia de la guardería quedó en evidencia “la fragilidad del sistema de protección civil y del sistema de salud en los tres niveles de gobierno”. Meras palabras que finalmente se retiraron del dictamen. Como tampoco se admitió el peritaje del estadounidense David Smith, estudio que apuntaba a que el incendio fue provocado, porque “no aportaba nada”, ni impactaría en todo caso el pronunciamiento de la Corte.
Finalmente, entonces, la SCJN descartó que las mil 480 guarderías enfrenten un “desorden generalizado”. Al igual que cerró la posibilidad de señalar a los altos funcionarios inicialmente mencionados en el reporte del ministro Arturo Zaldívar. En reacción, el actual gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, admite que del fallo derivarán muchas averiguaciones que “cubrirán las inquietudes de la sociedad”. Pero está claro que no habrá, entonces, castigo para los responsables.
No importa el pesar de los padres, o la indignación generalizada de la sociedad. Este, como otros casos, se queda en el limbo de la impunidad sistémica. Las conclusiones de la Corte llenaron de lágrimas, impotencia e indignación a los deudos, los padres de los niños fallecidos en la tragedia de la Guardería ABC. Se les acabaron las instancias legales en el país. Ahora sólo resta evidenciar el proceso en el exterior; en las instancias internacionales. Y luego Presidencia reclama no hablar mal de México en el extranjero. ¿Así?

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