HUELGA DE HAMBRE, “FOCOS ROJOS”

25/mayo/2010

*Planteamiento de electricistas del SME
*La solución está en manos de la SCJN

A los huelguistas del SME. ¡Un llamado a la solidaridad internacional!

Ayer, 24 de octubre, fue el día “D”. Porque se cumplen 30 días de la huelga de hambre que mantienen los voluntarios y trabajadores pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas en la plancha del Zócalo de la capital del país. A partir de ahora comienza la cuenta regresiva para su salud, “porque se entra en una fase crítica”. Ayer mismo salieron cinco de ellos a revisión médica hospitalaria, por los síndromes de salud.
El tema es que están dispuestos a ir hasta sus últimas consecuencias, en tanto no tengan alguna salida digna. Pese a la descalificación del gobierno, porque para él no se trata de una “huelga de hambre”; no está permitida —en todo caso es un “ayuno”— cuando se vive en un “Estado de derecho”. Por eso decimos que se encienden los focos rojos, porque la vida de los electricistas está en peligro.
Lo único que piden los trabajadores del SME, es que el gobierno de Calderón respete la fuente de trabajo que les arrebató injustificadamente, al decretar la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, el pasado 11 de octubre, que arrojó a la calle a 44 mil trabajadores sindicalizados y a 20 mil jubilados —salvo el 6 por ciento que aceptó una liquidación tramposa de Javier Lozano, suponiendo que con eso desarticularía cualquier reacción sindical contraria.
Es una cuenta regresiva, porque lo que ocurra de ahora en adelante en la salud de los trabajadores será responsabilidad del gobierno calderonista, quien no se apresta a reconocer el error y resolver sobre la ilegalidad del decreto. O, en su caso, de otras instancias como el órgano judicial y autónomo del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ahora tiene en sus manos el expediente que sustenta la demanda de los electricistas para obtener un amparo en contra de tamaña violación constitucional.
En los hechos, la solución al conflicto la tiene la Corte. De lo que ella resuelva saldrá, o bien la solución a favor del SME o su complicación. Con eso se verá, o bien la autonomía de dicho órgano judicial o una libertad en duda. Porque la última opción del SME la tiene la Corte. No habría más instancias.
Con todo y que el sindicato ha ofrecido en el expediente a la SCJN, con Néstor de Buen y Raúl Carrancá, todos los argumentos constitucionales y laborales que demuestran la falsedad del decreto de extinción. Ayer mismo en conferencia de prensa (no sin antes denostar el trabajo tendencioso de algunos medios de comunicación, como Milenio, al servicio de la oligarquía de este país), dos de los dirigentes del SME, José Antonio Almazán y el propio Martín Esparza, dieron pormenores de cómo va el problema en que metió Calderón a los electricistas.
Primero, informaron del estado de salud de los trabajadores que están en huelga de hambre. Luego parte del procedimiento legaloide utilizado por Calderón para justificar la extinción de LyFC. Se informó, entre otras cosas, que los huelguistas han perdido, en promedio hombres y mujeres, poco más de ocho kilos; un promedio que comprende fechas diferentes de ingreso de cada uno. Porque los primeros que entraron llevan alrededor de 15-16 kilogramos. Hay expedientes completos de frecuencia cardiaca, nivel de glucosa, temperatura, etc.
Los daños causados están corroborados por médicos del sindicato, de Salud del GDF, la Cruz Roja, servicios de emergencia y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de análisis periódicos desde el 11 de mayo, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rechazando en cambio, por obvias razones, el ofrecimiento de la Segob vía una de las subsecretarías, de atención médica.
Hay un seguimiento de atención y médico, “a los trabajadores que están dispuestos a dar su vida por una causa justa, frente a un gobierno que no escucha, no resuelve y no le importa la suerte, la vida, la salud de electricistas como de millones de mexicanos que padecen condiciones atroces de extrema pobreza”, dijo Almazán. Y cuando los médicos de la CNDH determinen o prescriban la hospitalización, saldrán a recibir atención médica, “porque a diferencia del gobierno que quisiera vernos muertos, vamos a ganar esta lucha del SME con todos los compañeros vivos”.
Martín Esparza refirió, que el decreto del 11 de octubre fue un acuerdo político que se tomó desde la Segob. “Por eso el 5 de octubre hicieron el arreglo entre la Sener, Trabajo, SHCP”. Un decreto sin fundamento ni motivo en el propio Congreso de la Unión. Porque “LyFC no es cualquier empresa paraestatal, sino un organismo público descentralizado creado por iniciativa de ley enviada al Congreso en 1989. Para modificar el 4° transitorio de la Ley de Servicio público de Energía Eléctrica”. Y, con base al Artículo 27 de la Constitución, se establece que la actividad de LyFC es “estratégica”.
Y el gobierno “no ha entregado los documentos que motivaron y fundamentaron el decreto”, donde dicen que LyFC no es rentable. “Y reservaron los documentos por doce años”. Pero no aplican los fundamentos del decreto, porque el artículo 16 de la ley de entidades paraestatales, aplica sólo a las empresas “no estratégicas”. Por eso ocultan los documentos. “La desincorporación vía extinción no existe en la ley, es un concepto nuevo que ellos inventaron”. Qué van a decretar cuando no han presentado los documentos que fundamentan y motivaron el decreto. Por eso los están resguardando. Porque lo hicieron violentando la Constitución, en los artículos 25, 26, 27 y 28. El Artículo 123 constitucional y otras leyes aleatorias.
Y la Constitución es clara —argumenta Esparza—: los únicos facultados para legislar en materia de electricidad es el Congreso de la Unión. Los únicos para legislar en materia laboral, es el Congreso de la Unión. Al poder Ejecutivo, el Artículo 89 fracción I, dice que son obligaciones del Ejecutivo decretar las leyes que del Congreso emanen”. Es decir, que “con el decreto se ha mentido a los mexicanos”, cierra el dirigente del SME.
“En hechos semejantes, concluye Almazán, en cualquier otra parte del mundo, no se actúa con dilación. Cuando hay una huelga de hambre, la obligación de los ministros (de la SCJN), para no violentar un derecho a la vida, es resolver de inmediato”. Eso espera la sociedad. El apoyo internacional también.

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