FALLA O INTROMISIÓN

07/mayo/2010

* DEA y FBI, medidas tendenciosas
*Guerra, o “disminuye” o “aumenta”

“Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse”: François de la Rochefoucauld (1613-1680).

En tanto la parte legal sigue completamente desfasada porque apenas a estas alturas (tres años y medio, desde que se declaró la “guerra” con las Fuerzas Armadas como puntal de lanza) en el Congreso mexicano se discuten las todavía “posibles” reformas a la Ley de Seguridad Nacional —con más asuntos irresueltos y polémicos que con claridades—, el problema de la inseguridad pública parece estar más bien diagnosticada por los organismos de inteligencia extranjeros como la DEA o el FBI, que por los de México, comenzando por la propia Secretaría de Gobernación (Segob).
Y eso representa, o bien una falla de los órganos de inteligencia mexicanos o, también mucho peor, una intromisión de los estadounidenses en asuntos que compete sólo a México decidir. Bien porque no lo hacen o porque dejan vacíos que los propios gringos aprovechan para llenarlos en beneficio propio. A simple vista no se ve, pero así es.
Esto es, que en tanto se desborda el optimismo del titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, en el sentido de presumir que pronto se verá un decrecimiento de la violencia relacionada con el crimen organizado, porque “está aminorando” y bajará particularmente hacia finales de este año —según refirió en Washington conjuntamente con Janet Napolitano en conferencia de prensa—, la DEA y el FBI prevén una reacción inversa: el aumento de la violencia por parte del narcotráfico en México.
Primero el cebollazo de las instancias del gobierno estadounidense, porque advierten que el incremento de la violencia es una prueba de que la lucha antidrogas está funcionando, aparte de darle vuelo al gobierno mexicano actual cuando afirman que es “urgente acelerar los esfuerzos antes del fin de sexenio”, porque no se sabe si el próximo presidente compartirá el compromiso del actual en contra del combate al crimen organizado y el narcotráfico.
Luego entonces, ni bajarán los índices de violencia y los organismos de inteligencia le meten leña al fuego para que se “acelere”. Aunque ello represente una violencia “horripilante” en México, según dijeron Anthony Plácido (administrador asistente de inteligencia de la DEA) y Kevin Perkins (director asistente del FBI). Preocupados por “tener que ganar todo lo que podamos en esta gestión”, porque “en el nivel táctico-operativo quisiéramos tumbar a los jefes de los cárteles durante los próximos tres años”.
Con un esfuerzo central de su parte, en relación con México: “Llevar al sistema de justicia criminal y civil de Estados Unidos, o cualquier otra jurisdicción competente” a los integrantes de las organizaciones del tráfico de drogas. Como si únicamente importara descabezar a los cárteles, y no truncar sus negocios ilícitos que originan las olas de violencia por la disputa interna y la que llevan contra el gobierno mexicano.
De ahí su colaboración, porque en lo que va del sexenio de Calderón, se han extraditado más de 280 presuntos delincuentes de México a EU. Igualmente, como si para luego lo importante fuese sólo atacar el problema en nuestro país sin hacer lo propio en su territorio. Por eso la postura de la DEA y el FBI suena más bien a injerencista. Por la simple razón que ellos, los estadounidenses, participan nada más en lo que les interesa pero no en el trasfondo del asunto.
Porque atizar la “guerra” significa más venta de armas para ellos. Porque acabar con los cabecillas de los cárteles no significa acabar con los cárteles mismos, ni con mucho con el problema del tráfico de las drogas. O sea que, por una parte desmienten al gobierno mexicano y se aprestan a colaborar; pero por otro también participan a su manera, en defensa de sus intereses, como tratando de imponer las reglas de lo que viene.
Es como la tolerancia a que la actividad ilícita de la venta de la droga siga intocable, en tanto el flujo de armas sigue traspasando las fronteras rumbo al sur hasta parar a manos de los narcos; y los depósitos de las finanzas de sus bandos permanezcan intocables, al fin que la “intervención” de las cuentas de los narcos es más bien en beneficio del propio banco. Por eso digo que se trata de una postura tan peligrosa como injerencista, la de los organismos de inteligencia de los EU, porque igual pretende inducir las acciones a seguir por parte del gobierno mexicano en esta lucha de por sí torcida por el propio Calderón.
En tanto el problema avanza porque la estrategia antinarco ha sido definida como fallida, las Fuerzas Armadas todavía carecen del marco legal que les dé facultades para hacer funciones policiacas en las calles del país. Es un problema legislativo, no de ahora sino desde que comenzó el combate del crimen utilizando al Ejército por orden presidencial, y el Congreso le puso oídos sordos al tema. Es decir, que la responsabilidad sigue siendo en primer lugar de la propia instancia presidencial, pero en segundo lugar del poder legislativo.
Por eso el Ejército, especialmente, ha estado pugnando por un marco legal que le otorgue certeza jurídica. Pero por lo mismo, no avanza la Ley de Seguridad Nacional porque la avalada por el Senado se extralimitó. Más por los antecedentes de impunidad cuando se ha utilizado el Ejército para las calles. Por el mismo uso de la fuerza militar en movimientos como el estudiantil del 68, o la guerra sucia del antiguo régimen priista de persecución continua a los opositores en las décadas de los 70 y 80. Por eso la suspicacia. Porque la crítica señala que con la Ley de Seguridad, el Ejército tiene todo, pero quiere más.
No obstante, también hay motivos para que las fuerzas armadas exijan protección legal. Como dijo un alto mando de la Marina: el problema del crimen organizado en el país es “mayúsculo”. Porque así es. En tanto los vacíos que deja la Segob, intentan llenarlos otros —de afuera— con una muy particular visión y una estrategia también muy propia.

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