LAS FAM: SOBERANÍA, NO SEGURIDAD

20/julio/2011

*La SSP, con presupuesto elevado incumple su rol
*FCH, responsable de sacar al Ejército a las calles

Las Fuerzas Armadas de México (FAM) son y representan una institución al interior del Estado mexicano. Constituyen el soporte principal para el resguardo de la soberanía nacional frente al resto de los estados del mundo [el tema de la soberanía en México fue abordado ayer en este espacio], con todo y se trata de estados en sentido capitalista; es decir, basados en la prevalencia de intereses particulares, la división territorial donde habita una población determinada.
Y no son, dicho sea desde ya —como si fuera necesario, pero no es ocioso—, las FAM un simple cuerpo policiaco para el resguardo de la seguridad pública en el país. Una tarea que le compete, más bien y por mandato jurídico-constitucional, al poder judicial en su conjunto: magistrados, jueces, la policía federal, estatal y municipal. A todos menos al Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea.
Por lo tanto, la sola intromisión de las FAM en este asunto del combate al crimen organizado representa, además de un contrasentido, una aberración legal en el más amplio sentido de los términos jurídica y constitucionalmente hablando. Una ilegalidad. ¿Cometida por quién? Como las FAM no se mandan solas sino que están al servicio del Comandante Supremo; luego entonces la ilegalidad, la aberración y el contrasentido están siendo cometidos por el mandamás.
¿A quién la corresponde? Por mandato constitucional, al Presidente de la República en turno. En este momento, a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Dicho con todas sus letras: al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México le compete cargar con la principal responsabilidad de haber sacado al Ejército y la Marina a las calles del país, a combatir no un problema de seguridad nacional sino de seguridad pública.
Cuando quien debería estar en funciones haciendo lo pertinente es la policía federal, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Genaro García Luna. Ni más ni menos. ¿Qué hace entonces dicho funcionario? No pocas veces se ha señalado por su incompetencia en el cargo que desempeña, porque fue puesto ahí desde el sexenio anterior por el presidente también del PAN, Vicente Fox Quesada, y no entrega resultados.
Y la SSP, es la instancia del gobierno de Felipe Calderón que disfruta de un elevado presupuesto. Su titular, en cambio, ha sido señalado por enriquecimiento inexplicable [todavía no investigado por la Procuraduría General de la República] y hasta de ser protector de uno de los carteles más importantes del narcotráfico —el del Pacífico o la Federación que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán— en el país.
Los señalamientos de involucramiento de los cuerpos policiacos en la colusión de miembros en esto de la protección o el involucramiento directo en asuntos relacionados con el crimen organizado, tampoco están siendo indagados por el ministerio público. Como las promesas de depurar a dichos cuerpos policiacos, como lo había prometido García Luna.
Ni qué decir del trabajo de inteligencia donde se requiere que la policía ministerial indague los ilícitos relacionados con integrantes de las bandas del crimen organizado. Y tantas más: lo referente a las cuentas en el sistema financiero como depósitos en dólares, las empresas fantasma que intervienen en el trasiego de la droga y las armas; la ubicación de plantíos, laboratorios, escondrijos. La ubicación de los principales capos del país, etcétera.
Todo eso y más [lo referente al combate a la pobreza, la creación de empleos, el impulso a la educación de los jóvenes y las alternativas en materia cultural, de atención médica, psicológica, etcétera, es una función desatendida por el Estado en su conjunto] le corresponde a la policía investigar. Pero no lo hace. La SSP hace y paga elevadas sumas por sus promocionales de televisión.
En cambio se presiona a las FAM para que hagan una función que no les corresponde, el de la seguridad pública; cuando dicho cuerpo institucional está para el resguardo de la soberanía nacional. Siendo que el primero en decisión es el primero en responsabilidad. Sí, porque quien tomó la determinación —no obstante el mandato constitucional— de que las FAM emprendan tareas ajenas fue Felipe Calderón.
No es nuevo que las FAM sean utilizadas por el presidente en turno. En el caso de nuestro país este asunto está documentado en el más amplio sentido del término; han sido sacadas de los cuarteles para hacer el trabajo sucio de la represión. Las violaciones cometidas por el Ejército en el 68, la masacre de Tlatelolco, lo fueron en gran medida por quien tomó la decisión de enviarlos a rodear la Plaza de la Tres Culturas y responder a una provocación orquestada por los hombres del guante blanco, el Batallón Olimpia.
Por eso, en la ausencia de Gustavo Díaz Ordaz, el principal artífice fue del golpe represor recayó en el entonces titular de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, a quien el Comité 68 ha tratado por todos los medios de juzgar pero el sistema judicial y la protección política hacia un expresidente, no lo ha permitido. Pero Echeverría ha pasado a la historia como el orquestador de la masacre estudiantil, no obstante Díaz Ordaz asumió el rol que le correspondía.
Eso explica por qué ahora, desde que las FAM salieron a las calles del país a la guerra contra el narcotráfico [luego el operador Calderón se desdijo de sus palabras], el titular de Sedena, el general Guillermo Galván Galván, ha insistido en formalizar jurídicamente la reciente función que les asignó el presidente en turno. Porque, como en el 68, el presidente pasó y la institución militar se quedó. Y todo el repudio que cosechó, el desgaste que sufrió el Ejército nada se lo quitó, no obstante la trampa fue operada por Gobernación.
Lo hemos dicho en otras ocasiones. Tomar la decisión de sacar al Ejército a las calles es de una elevada responsabilidad. Porque ciertamente los militares atacan más que investigar. Porque no son capacitados para eso. Así, cuando le llegue su momento de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, Calderón tendrá que asumir la responsabilidad por los “daños colaterales” que han cometido los militares en las calles haciendo un trabajo ajeno a su naturaleza institucional. El principal responsable, entonces, es Felipe Calderón.
El asunto del fuero militar, y su legislación, incluso le favorece a las FAM. Por eso rápidamente han abierto los juicios a la presencia de los medios de comunicación. Porque ellos solo obedecen órdenes. Los militares no pretenden impunidad, como lo dijo recién el exOmbudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, sólo quieren deslindar responsabilidades con su Jefe Máximo. Pero no lo pueden decir con todas sus letras, porque son institucionales.

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