10/agosto/2011
*Admitir la corresponsabilidad legislativa no basta!
*Los oídos sordos de Calderón, levanta sospechas
Cuando los legisladores del Congreso mexicano se reunieron con poeta Javier Sicilia, en un encuentro informal, y otros dirigentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, algunos de los “representantes populares” pidieron perdón a petición del interlocutor por la corresponsabilidad en el tema y por el saldo de la violencia y las ya más de 50 mil víctimas que ha cobrado la guerra desatada contra el crimen organizado, así sea bajo el concepto meramente de los daños colaterales o los caídos por las pugnas entre las mismas bandas. Pero mexicanos todos.
El caso es que el número de víctimas es monumental, y tras de eso queda una red de familias desarticuladas y con secuelas graves, más allá del golpe que representa la pérdida de un padre, un hermano, un tío un sobrino, un hijo, etcétera, bajo el fuego cuya causa está en el desbordamiento de un negocio que ha crecido merced al proteccionismo o involucramiento directo desde operadores del o los gobiernos, estatales o municipales, así se trate del policía de la esquina hasta el máximo representante de alguna instancia del Estado.
Sabido es que tras el desbordamiento del problema del narcotráfico, está oculto a la simple mirada la participación incluso de operadores, protectores o implicados, en el ilícito negocio. Hay señalamientos que ponen el ojo en funcionarios de alto nivel. Y la evidencia indica que por eso mismo no se avanza en todas las vertientes necesarias para contener, controlar o aspirar a desaparecer el problema derivado del crimen organizado.
Baste un ejemplo. Desde la fuga de Puente Grande (“Puerta Grande”), durante el gobierno de Vicente Fox, se ventila en averiguaciones de la PGR que la caza de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no se da porque goza de proteccionismo del más alto nivel. Causa indignación que ¡mejor la revista Forbes sabe de los millones de dólares que posee el capo en los registros financieros, y no así el gobierno federal! Hay denuncias, incluso, de los lugares que frecuenta en México y Centroamérica, pero las policías mexicanas nunca lo ven. Y eso que es catalogado como uno de los capos más temibles del mundo, incluso que el colombiano Pablo Escobar Gaviria.
Así, por corrupción o impunidad, protección o implicación directa del más alto nivel, el problema del narcotráfico en particular y del crimen organizado en general, en México y el mundo —porque se trata de un negocio global; síndrome de la descomposición del sistema del capitalismo imperial, que persigue siempre la ganancia fácil—, va in crescendo en lugar de revertirse porque la estrategia se ha enfocado simplemente en el tema militar.
El involucramiento de las Fuerzas Armadas (FAM) en un asunto meramente policiaco —como la tesis del “ojo por ojo” que deja a todos ciegos—, no ha dado resultados y por ello la estrategia aplicada hasta ahora por el gobierno de Felipe Calderón no tiene saldos a favor. Porque el combate al crimen organizado debió plantearse bajo una estrategia múltiple. Tan diversa como el fenómeno mismo. Pero el empecinamiento presidencial y los oídos sordos puestos al análisis siquiera de otras alternativas, han orillado a muchos actores de la sociedad civil acudir incluso a instancias internacionales para llamar la atención sobre el caso.
Es el tema de la impunidad, de los huecos en materia de justicia, el arbitrio en el manejo de la violación a los derechos humanos, el vacío en materia judicial e indagatorias para castigar a los culpables de miles de homicidios y desaparición de personas sin causa justificada, o por la violencia derivada del narcotráfico. La inoperancia del sistema judicial o de la policía federal para entrarle siquiera al problema.
Pero no sólo eso. Hay una variedad de factores que involucra el combate al crimen organizado. Por eso, además del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Sicilia, las propuestas de las ONG sobre el tema, las críticas propinadas directamente a la fallida estrategia, los señalamientos de funcionarios de otros países —como presidentes los centroamericanos o sudamericanos— que proponen compartir experiencias importantes, las propuestas de especialistas investigadores y hasta universitarios; todo de la mano a las críticas al gobierno de Estados Unidos que no hace lo propio para combatir el problema [con todo y se trata del país con el mercado más grande del mundo y las bandas tienen operación en el mercado mundial de las drogas], sino todo lo contrario.
De la mano de los legisladores mexicanos que admiten su corresponsabilidad, porque no han hecho lo propio para contribuir a resolver el problema que ha causado inseguridad y violencia para la sociedad en general [incluso como estrategia por un lado para legitimar al cuestionado presidente Calderón, y por otro para poner oídos sordos y desatender los problemas del país, porque el saldo neoliberal es deliberadamente desastroso en todos los terrenos], se impone una estrategia que responde más al interés geoeconómico del imperio gringo que del interés nacional de México.
Probado está que la estrategia antidrogas aplicada desde los tiempos de Ronald Reagan, e impulsada por Estados Unidos en varias partes del mundo —verbigracia: Centroamérica y Colombia—, ha fallado en todo menos en el flujo de tan millonario negocio. Porque visto de cerca el problema de los narcos, así sea la venta de armas o la inversión de los dólares cae en última instancia en el mercado financiero de EU.
Razón de más para comprender que o bien la estrategia antinarco impuesta por Calderón fue deliberada y a exigencia de Washington [por eso también el plan Rápido y furioso], o bien porque de plano el entreguismo de los gobernantes mexicanos no tiene madre.
A la palestra salieron las propuestas de la UNAM para corregir el problema. La institución académica más importante de Latinoamérica, que hoy encabeza su director José Narro, da a conocer su aportación; su propuesta no monolítica sino variada. Propone un “pacto político y social” para reorientar las “instituciones de justicia” y hacer frente a la violencia que enfrenta el país. Buscar un consenso para “dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y lesionados, la prevención de la integridad de las personas y la defensa de sus derechos humanos”. De la mano del retorno de las FAM a sus funciones “naturales”, perseguir el lavado de dinero, un registro de víctimas, reparación de daño a familiares, y cumplimiento de fallos de la CIDH. Calderón ha demandando propuestas. ¿Para qué? Veremos.
Correo: maniobrasdelpoder@gmail.com
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