25/mayo/2011
*Diego Valadés, al resguardo del poder
*Sin responsabilidad, aún sin resultados
Hombre del sistema, las posturas asumidas por el jurista Diego Valadés en la revista Proceso de la semana en curso [N° 1803, bajo el título: “A Calderón lo aguarda un juicio penal y la condena política”], más que de propuestas o soluciones resultan de justificaciones. Como de crítica —pero al estilo de Il Gattopardo de Lampedusa— para que no pase nada y todo siga igual; la impunidad in crescendo, aún con toda la responsabilidad que le sea imputable por la fallida guerra contra el crimen organizado por los saldos en rojo [los 40 mil muertos] y otras irregularidades.
Inteligente en sus puntos de vista, pero usando todos los recovecos posibles que permite la legislación, Valadés trata de allanar cualquier intento de someter a juicio político a Felipe Calderón por la sarta de errores cometidos como Presidente; arrancando del precepto de que la Constitución sólo plantea la acusación “por traición a la patria y delitos graves del orden común” que ya sabemos. Es decir, con todo y el presidente reciba señalamientos o críticas, “la responsabilidad política no se puede traducir en sanciones” [cursivas SGB; nota de Jorge Carrasco] por el “sistema semidemocrático” prevaleciente en el país.
Pero una cosa son, incluso, las omisiones legales que ciertamente tolera la legislación fundamental —una Constitución presidencialista y priista llena de remiendos a modo de los presidentes en turno—, y otra muy distinta que como presidente Calderón no le rinda cuentas a nadie, como la nación se lo demanda acorde a la toma de protesta. Aún y cuando el país haya entrado, desde que comenzó su gobierno, en un umbral de la violencia sin cuartel. Es decir, el problema no es únicamente por el tema de la seguridad, tampoco tiene en su haber resultados en materia económica, política y mucho menos para el bienestar social.
¿Y el poder legislativo? Absolutamente sometido o controlado. Es más, plantea Diego Valadés, “que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país ‘en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetivos perseguidos’”. Sí que lo dice, pero lo justifica: “Ni los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional o de la Marina, podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, ‘pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.
O sea que no importan los “resultados adversos”, como tampoco hay órdenes expresas de los secretarios “y menos aún del presidente” y por eso no tienen responsabilidad penal. Bonita la cosa. Como si Diego Valadés, del IIJ, extitular de la PGR, la PGJDF, ministro en retiro de la SCJN no sepa que en el sentido común —que es el más común de los sentidos, más antiguo y popular—: “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”. O que diga lo contrario.
Sin aforismos, se dirá. ¿Pero no se cae en lo mismo cuando el distinguido jurista propone “que desde el Congreso se cree ‘una gran Comisión nacional de investigación de la violencia’”? Porque ni fue una “expresión coloquial” la de Calderón, su “declaratoria de guerra” al narcotráfico, porque la guerra es un hecho y los “resultados adversos” están a la vista. Una confrontación que no se asume por todas las vías posibles —como ha ocurrido en otros países, incluso Colombia; acciones antilavado, contra el tráfico de armas, depuración de las fuerzas policiacas, persecución de delitos financieros, el cambio de funcionarios ineptos como o con señalamientos de colusión como García Luna, etcétera— y no sólo la del enfrentamiento directo donde los militares están haciendo el trabajo sucio.
¿Acaso supone Valadés que la sociedad ignora para qué sirve la creación de comisiones de la verdad? Si hasta ahora el Congreso no le ha puesto diques al proceder calderonista, ¿acaso se supone que funcionaría una comisión nacional para investigar la violencia? Más bien que el jurista propone realizar el diagnóstico “de las formas de ejercicio de la violencia por parte de los delincuentes y de las fuerzas del Estado, para que sobre éstas no caiga la sombra de la duda de que pudieron haber delinquido. Y para que si alguien como miembro de las mismas delinquió, que no ensombrezca la imagen del Estado en general, sino que responda quien deba hacerlo por los delitos que pudiera haber cometido”.
En otras palabras, la operación Poncio Pilatos. Porque no hay “sombra de dudas” de que las fuerzas del Estado pudieran haber delinquido. Es decir tampoco la sociedad tiene víctimas, reconocidas incluso como “daños colaterales”. Eso no. También, que desde el poder no se hace uso del aparato estatal, o del “Estado en general”; cuando lo que los gobiernos del PAN han hecho es un uso y abuso de toda la fuerza del Estado y del Estado mismo que está al servicio de los hombres del poder y de los que le sirven al poder.
Pero en fin, como vivimos en “una democracia a medio construir” [justificación aparte, claro está], “impide la censura y consecuente salida de un secretario de Estado, como la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna”, como lo planteó Sicilia. Es “la falta de mecanismos para procesar este tipo de exigencias” [sic y de contra sic]; algo que no pasaba incluso en los peores tiempos del ejercicio abusivo del poder del PRI.
Pero eso sí, hay explicaciones. Valadés le echa la culpa a la democracia. “Esto denota la insuficiencia de nuestro sistema constitucional en materia de consolidación democrática, porque si bien tenemos libertades públicas, como se expresó el domingo (8 de mayo), cuando todos los ciudadanos que lo desearon pudieron participar (en la marcha) en los términos más libres posibles, no tenemos el complemento de las libertades públicas, que son las responsabilidades políticas”.
Sólo se le puede juzgar a Calderón, eso sí, “a partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar, ‘sin equívocos’, la Constitución política durante el proceso electoral del año pasado”. El citado Tribunal señaló que Calderón violó la Constitución “al difundir propaganda gubernamental”, los días 15 y 30 de junio y 1 de julio, en vísperas de las elecciones del 4 de julio de 2010. O sea, juzgarlo por lo que sea un delito menor, no así por lo realmente importante.
Queda en claro, entonces, que Diego Valadés en el papel de apagafuegos a las exigencias sociales de juicio político a Felipe Calderón y expulsión de García Luna de la SSP, entró prematuramente a defender lo indefendible.
Correo: maniobrasdelpoder@gmail.com
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