TIEMPO DE LOS GENERALES

20/abril/2010

*No es rebelión, es claridad para la acción
*El trabajo sucio de la guerra antinarco

“La primera víctima de la guerra es la verdad”: Hiram Warren Johnson (1866-1945).

Más que claro. Que a estas alturas todavía no les cae el veinte a los implicados en el problema de la seguridad en este país. Sobre todo a los responsables: uno, de las decisiones; dos, de la legalidad. Se trata, en primera instancia, del Presidente de la República; y por otra parte, del poder legislativo, específicamente el Congreso de la Unión. El primero por la determinación, la decisión, la orden (como facultad constitucional, cierto); el segundo por las formas, por la legalidad, la revisión de viejas o emisión de nuevas leyes.
Aunque el tema nos incluye a todos porque, dada la gravedad, va más allá de un problema social: se trata de una cuestión de Estado. Es un asunto que amenaza la seguridad nacional, la estabilidad política y alcanza la propia gobernabilidad. Se trata de un problema con muchas aristas, también es cierto. Pero no atendido con la seriedad que merece. Y por supuesto que adicionalmente representa una amenaza para la soberanía, por los intentos de intromisión de otros países, como Estados Unidos, bajo el ardid de su seguridad nacional.
Se trata de la continuidad, la permanencia o no, y en su caso el cómo, de las Fuerzas Armadas del país en el resguardo de la seguridad interior. El más llevado y traído que resuelto asunto sobre la presencia o no de los militares en el combate al crimen organizado y el narcotráfico en el territorio nacional; en unos estados más que en otros, pero al fin permanencia. Pero también el cómo seguir en la calle. Con o sin las reglas pertinentes, la protección debida que demandan los generales. Porque andan al garete.
Porque luego, ciertamente, ante las violaciones de los derechos humanos (ahora “bajas colaterales”) se les carga la mano, cuando no se les responsabiliza porque —como en el 68 y los tiempos de la guerra sucia, cierto que no se les exime— el Presidente en turno, como Poncio Pilatos, se lava las manos cuando se va. Y deja el peso a otros, como sucedió con Ordaz y luego Echeverría, siendo que la responsabilidad primordial recae en quien da las órdenes. Como en este caso le compete a Felipe Calderón. Ahí está la responsabilidad primera; y eso no se juzga todavía. Pero no es cualquier cosa mandar a la calle a las Fuerzas Armadas.
En esto tienen razón los militares anónimos que hablan para cuestionar, en entrevista con La Jornada. Hacen planteamientos que son válidos. Es la preocupación, porque según el titular de Gustavo Castillo: “El Presidente nos mandó a las calles sin garantías jurídicas: militares”. (Ver diario del 19) Ese es el sentir, el diagnóstico de los generales. ¿Pero por qué seguir permitiendo tan delicada situación? ¿Qué acaso, por mucho presidencialismo (que no lo es tanto, sino más bien es el “estilo personal” autoritario de ejercer el poder, como lo hace Calderón), el Presidente se manda solo o puede decidir sin control alguno, así sus decisiones representen una afectación para el país?
Cierto que caben tantas interrogantes como derivados del problema. Pero plantemos algunas. ¿Por qué continuar con una estrategia antinarco que ya demostró ser fallida? ¿Por qué no cambiarla? ¿Por qué la sociedad debe seguir tolerando las secuelas de muerte, por una guerra mal planteada desde el principio —diciembre de 2006— que sólo tenía tintes legitimadores, y de la cual ahora no se sabe cómo salir? ¿Por qué a estas alturas, el poder legislativo no hace lo propio para cuestionar la decisión presidencial y, después para legislar lo necesario?
Porque a estas alturas afecta en muchos sentidos a la sociedad, es que se trata de un asunto de interés público. Y la guerra no para, sobre todo la permanencia del Ejército en las calles, a decir de Calderón, en tanto aumenta el número de muertos. ¡Cuántos inocentes! Y los espacios bajo el control de narcotraficantes crecen. La gobernabilidad está lacerada, porque en muchas ciudades importantes, la presencia de las bandas del crimen tiene amedrentada a la población y sometida a las autoridades locales.
También eso representa una amenaza para la estabilidad política. Aparte de que, como reconocen algunas voces, es casi imposible impedir que dinero del narcotráfico penetre en algunas de las candidaturas de los competidores a cargos de elección popular del 4 de julio. Eso sí que conduce al país por el riel de la narco-política hasta la amenaza de un narco-Estado. Además que atentaría la seguridad nacional. ¿Hacia allá queremos llegar?
La situación es de una preocupación tal, que la salida es más que urgente. Por eso los generales ponen su parte. Y la sociedad debe poner el resto, como el engrudo que une a las partes. A los generales les preocupa, con razón, el juicio venidero con el cambio de estafeta presidencial. Cuando otro Presidente pida cuentas por una estancia en la calle sin legislación. Y ellos no hacen otra cosa que ampliar la postura del general secretario, de Sedena, Guillermo Galván Galván.
Porque, como ellos bien plantean, los soldados tienen una preparación distinta a la de las policías. Los militares están capacitados “para el ataque, no para la disuasión”. Por eso se “solicita (al legislador, que) se definan los procedimientos para que las fuerzas armadas continúen sus acciones de preservación de la seguridad interior, según define el lenguaje oficial”. Porque “hasta hoy, agregan, la Constitución mexicana no establece de manera específica bajo qué parámetros las fuerzas armadas pueden participar en el combate al crimen organizado ni la temporalidad del mismo”.
Están al arbitrio del presidente en turno, sin soporte jurídico alguno. Por eso solicitan mayores atribuciones. Pero por los antecedentes y la impunidad de los casos de violaciones a los derechos humanos, también la sociedad civil se alarma por ello. Eso lo entienden los generales; les dejan el trabajo sucio. Y la propia sociedad. Quienes no entienden son los que deben tomar las decisiones. No es rebelión, es claridad para la acción. Es protección. También para la sociedad.

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