07/abril/2010
*Sacudida del sector empresarial
*Propuesta con dedicatoria Slim
“El medio más fácil para ser engañado es creerse más listo que los demás”: François de la Rochefoucauld (1613-1680).
La iniciativa antimonopólica enviada anteayer por el gobierno federal al Congreso de la Unión para su discusión (con toda la intención de que sea aprobada al vapor en lo que le resta al actual periodo ordinario de sesiones), aguanta muchos calificativos porque no resiste al análisis.
Es más bien como un cuete de luces de colores. Como un anzuelo para pescar incautos, no obstante algunos políticos lo están mordiendo ya. Pero de trasfondo la intencionalidad es muy clara por parte del gobierno de Felipe Calderón y algunos miembros del gabinete: culpar a otros de la falta de resultados en materia económica, por una administración “azul” que lleva más de nueve años en el poder; y de paso intentar cuajar algún “negocio” fácil. Porque los monopolios —según la justificación del Ejecutivo—, dado que diversos mercados se encuentran altamente concentrados, han profundizado la crisis en el país. Al menos eso dice la iniciativa.
Porque se trata de un gobierno que tiene a México en crisis permanente. Y donde los ciudadanos no tienen expectativas inmediatas ni mediatas para solucionar problemas graves como la inseguridad, el empleo, el salario, la salud, la pobreza, etc. Porque las promesas del “cambio” de Vidente Fox y las del “presidente del empleo” de Calderón se fueron al cesto de basura.
Pero, chicle y pega, si es que la ley antimonopolio es aprobada por los diputados, la intención será desbaratar —de pasadita— algunos “monopolios” en beneficio de presuntos empresarios allegados al PAN, con la única finalidad del enriquecimiento exprés o de fácil acceso al mundo del dinero. No hay otra explicación. Porque es más sencillo desbaratar desde el Estado y mediante una ley cualquier empresa que ya existe para luego repartirla, que promover inversiones y arriesgarle desde abajo.
Baste un ejemplo para ilustrar el absurdo. Como director general de Avantel, Francisco Gil Díaz ha movido todas sus influencias y hecho hasta lo imposible, para arrebatar al menos una parte del sector de telecomunicaciones a Teléfonos de México del magnate, y hombre más rico del mundo según Forbes, Carlos Slim Helú. Por eso el hostigamiento y las demandas de Avantel contra Telmex son continuos, a la vez que improcedentes.
El caso es que para el gobierno Telmex sería un monopolio al que se debe combatir. El argumento es que “para beneficiar al ama de casa, al profesionista, al estudiante, a todos los mexicanos”, para que “puedan tener acceso a mejores productos y servicios con menores precios”. Pero lo que no dice es que, de lograr combatir dicho monopolio no será para beneficiar al consumidor sino a otra telefónica como Avantel que quiere rebanadas del pastel sin invertir.
Si de beneficiar al consumidor se tratara, entonces estaríamos hablando de apoyos directos mediante, por ejemplo, empresas cooperativas u otras alternativas. Pero no. Ni siquiera como empresas bajo el control del Estado con otra mística que la de las paraestatales del pasado reciente, en la etapa previa a la privatización.
Peor cuando Estados Unidos está reclamando a la Cofetel, a través de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), “hacer lo necesario para que Telmex ofrezca tarifas competitivas en 70 zonas telefónicas de México”, que comprende un 25 por ciento de la población total. Donde la USTR juzga “que Telmex tiene un monopolio en los servicios de telecomunicaciones a estos clientes”, en una situación que afecta a los consumidores de EU y a otras empresas de servicios de telefonía”.
Es decir, presiones desde allá. Bajo por lo menos una expresión violatoria de la soberanía de México, en un asunto que sólo compete definir a mexicanos. Pero donde EU mete su cuchara y, como si el gobierno de Calderón estuviera para hacer el trabajo sucio.
Por eso, también, hay señalamientos en el sentido que la iniciativa de Calderón tiene dedicatoria Slim. Pero nada se dice de otras empresas como Televisa o Tv Azteca, que son igualmente monopólicas, aunque sean concesiones del Estado. Y no sólo en telecomunicaciones. ¿Qué hará el gobierno con una iniciativa cuando tenga que regular monopolios en muchos sectores económicos? ¿Aguantará la presión de los empresarios afectados, cuando lleguen las negociaciones en el Congreso, en los medios o donde se den, y con los tiempos electorales encima? Desde luego que no.
Se olvida que hay monopolios también en los más diversos sectores, como la banca, la minería, el cemento, las líneas aéreas, la cerveza, las medicinas, el azúcar, las bebidas embotelladas, la construcción, los bienes raíces, etcétera. Una ley antimonopolios sería entendible bajo otras circunstancias, bajo otro proyecto histórico y de cambio, como los que han emprendido gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pero no en México y menos con el PAN en el poder.
En fin, que la susodicha propuesta resulta hasta contraria a los términos bajo los cuales opera el sistema capitalista y ahora neoliberal y globalizador en México y el mundo. Es antiempresarial. Pero en el fondo requiere justificar la ineficacia. Porque al cuarto año de gobierno, no hay medidas de política económica útiles. Por eso hacen falta los culpables, no las soluciones. Máxime en un año electoral.
Peor futuro le espera a una iniciativa de ley que pretende otorgar dientes a una Comisión Federal de Competencia para castigar con cárcel a los empresarios. O se revisen los elevados castigos de hasta el 10 por ciento de los ingresos de dichas empresas. Cuando se conozca el fondo de la iniciativa, sonará el avispero empresarial. Por lo pronto, los organizados reclaman evitar las “arbitrariedades”; se establezca con claridad “cuándo se considera que las empresas incurren en prácticas monopólicas”.
Seguro que no sabrán responder los titulares de Economía y de Hacienda. La iniciativa no soportará el debate.
Correo: sgb33@hotmail.com
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