REFORMA HISTÓRICA

11/abril/2010

*Amplio respeto a derechos humanos
*Nuevas atribuciones para la CNDH

Habría que añadir dos derechos a la lista de derechos del hombre: El derecho al desorden y el derecho a marcharse”. Charles Baudelaire (1821-1867).

Con la reforma avalada por el Senado de la República en sesión ordinaria del jueves 8 de abril, en materia de derechos humanos fundamentados desde ya en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dio el primer paso para cortarle las alas a cualquier autoridad, incluido el titular del Poder Ejecutivo, que intente violar las garantías individuales de los mexicanos al ser considerados a partir de ahora como “Derechos Humanos” con todas sus letras.
Es el primer paso porque, una vez avalada la iniciativa llegará a la Cámara de Diputados donde será sometida a discusión y aprobación también (en su caso), para luego ser enviada a los congresos de los estados para su incorporación y vigencia plena en la Carta Magna una vez publicada.
De ser palomeada como va, la reforma constitucional en materia de derechos humanos significará para los ciudadanos de este país un avance histórico, al igual que por las nuevas atribuciones otorgadas a los órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las instancias estatales.
Porque entonces sí, a partir de su entrada en vigor, no habrá pretexto para las amenazas autoritarias de los gobiernos que atentan contra la sociedad, que devienen en tantos casos de atropello y violación de las garantías individuales por motivos básicos incluso, como la manifestación y la protesta cuyo resultado va desde la desaparición hasta muerte injustificada, muchos de los cuales campean en la más absoluta impunidad.
Es el ejemplo de la judicialización de la protesta social, donde en casos como el de los dirigentes de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Cochicoa, líderes del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra, tras las amenazas de arrebatarles su patrimonio para construir la ampliación del aeropuerto de la ciudad de México —uno de los proyectos fallidos e importantes del presidente Vicente Fox— fueron injustificadamente sentenciados a penas de cárcel de varias décadas (67 años y 6 meses). Son “las mínimas que prevé la ley”, dijo en su momento el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto
Pero ha ocurrido con tantos casos más, incluso algunos catalogados como crímenes de Estado como el caso Acteal. O en Oaxaca, con la represión del movimiento de los maestros de la APPO, donde el gobernador orilló a la insurrección popular oaxaqueña y abundaron las violaciones a los derechos humanos. O antes Aguas Blancas, en Guerrero. Y tantos más que han quedado impunes, incluido el acoso criminal contra los estudiantes de 1968 en Tlatelolco.
Pero ese es sólo un ejemplo de los tantos violatorios de los derechos humanos orquestados, en este caso desde el gobierno federal en contubernio con el del Edomex. Pero los casos de violaciones a los derechos humanos desde el Estado sobran. Más en tiempos álgidos como los de ahora que el presidente Felipe Calderón decretó la salida de las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y se han presentado tantas denuncias contra militares ante la CNDH, porque los escenarios se prestan para los atropellos.
El caso es que ahora cualquier autoridad, incluso el titular de Sedena (eso es lo mínimo que deberá esperarse como un éxito de dicha reforma) tendrá que responder a las peticiones de la CNDH sobre las violaciones o, en el caso de la no respuesta, ser llamado ante el Congreso de la Unión para justificar su negativa. Un acierto es que entró a discusión el tema de los derechos humanos antes de cualquier revisión legislativa de las nuevas atribuciones que demanda la institución militar. Pues para seguir en el combate al narco demanda, en postura del general secretario, Guillermo Galván Galván, facultades de investigación y otras. Cuando lo que debe revisarse a fondo es el tema del muy ancestral fuero militar.
Así, entre las bondades de la reforma en derechos humanos avalada por mayoría senatorial, destacan temas como, por ejemplo. 1) La propia y nueva denominación del capítulo primero, del Título Primero de la Constitución, que comienza con “De los derechos humanos y de las garantías individuales”. 2) Que, de acuerdo con la fundamentación del dictamen de Alejandro Zapata Perogordo, todas las autoridades deberán promover, respetar y proteger los derechos humanos, obligadas a hacerlo de manera universal y para todas las personas sin discriminación. 3) Que se protejan y respeten “los múltiples derechos vinculados”, y todo ello de manera progresiva en prohibición de cualquier retroceso. 4) Cambia el tan cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos, el Artículo 33, que afectaba a las personas en materia de expulsión del país, porque la decisión dependía solo del Ejecutivo en turno.
También: 5) La rendición de cuentas de los servidores públicos, razón por la que se modificó el Artículo 102, para que quienes no acaten los resolutivos de la CNDH, “expongan públicamente los motivos de su negativa, y cuando estos sean suficientes que esta Cámara pueda llamar a cuentas a dicho funcionario”. 6) Que todas las instancias de derechos humanos de nivel estatal sean autónomos, en gestión y presupuestal, “con patrimonio y personalidad jurídica propia”, fortaleciéndolos constitucionalmente con definición y perfil propios. 7) Facultad a la CNDH para investigar “violaciones graves de derechos humanos”, conforme el Artículo 97 y lo establecía la SCJN, cuyas conclusiones puedan reflejar “denuncias ante las autoridades competentes”. 8) La intervención de la Comisión en materia electoral, laboral y jurisdiccional. “Ahora se suprime esa prohibición en materia laboral para que los organismos de derechos humanos puedan intervenir también en aquellos casos donde los trabajadores tienen condiciones que vulneren sus derechos inherentes a sus personas”.
Por todas estas ventajas que presenta la reforma en materia de derechos humanos es que se le ha considerado histórica. Porque significa un avance legislativo en un país donde muchas de las violaciones provienen principalmente de organismos relacionados con instancias del mismo gobierno, sean de carácter local o federal. Queda todavía un largo recorrido legislativo, hasta que se convierta en Ley.

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