NEGOCIO HORMIGA ARMA AL NARCO

14/diciembre/2010

*Venta ilegal desde la frontera con EU
*Investigación de The Washington Post

El negocio de la guerra, o de los instrumentos de la misma, resulta altamente beneficioso para los Estados Unidos porque le genera fuertes ingresos. Es decir, por un lado está la guerra misma que atiza cada vez en cualquier parte del mundo, movilizando a toda la maquinaria militar-industrial del Pentágono [aparte de la hegemonía está la obligada sobrevivencia versus el control de los recursos energéticos]. También la pizca monetaria que representa la venta de armas a los países aliados que lo solicitan, como el previsto realizar con el país petrolero de Arabia Saudita por ¡60 mil millones de dólares! Ni más ni menos que la mayor venta de armas en la historia de EU.
Por otro lado está el negocio hormiga con carácter más o menos permanente que constituye el flujo ilegal de armas de todos los calibres hacia México, por ejemplo, como lo confirmó ayer The Washington Post en un amplio reportaje. Armas que luego caen a manos de los grupos del crimen organizado, particularmente a las bandas del narcotráfico, según su corroboración empírica. Pero suficiente arsenal para desestabilizar a cualquier país. La investigación del Post resulta interesante, sobre todo por lo referente a México.
Cuando a principios de junio pasado se reunieron los legisladores de ambos países vecinos, EU y México, por el mecanismo de las llamadas Interparlamentarias [en ese caso la 49; día 12 realizada en Campeche], los reclamos de los senadores mexicanos no se hicieron esperar en el sentido de acotar la venta de armas de fuego hacia nuestro país, por parte de los negocios [se habla de 7 mil 500, pero la realidad parece registrar 12 mil] expendedoras a lo largo de la frontera común. Especialmente las de asalto: AR-15 y AK-47 que van a parar a los narcotraficantes.
Los legisladores de EU no solo rechazaron la petición de diputados y senadores de México, sino que, como sostuvo el representante demócrata por California, Zoe Lofgren, en su país “la posesión de armas es casi una religión, y se venden aun a quienes están en las listas de terroristas. Nosotros decimos no a la regulación de armas de asalto”. A lo que reviró el mexicano Muñoz Ledo: “Guns, business; drogs, business”. No hubo avances en este ni en otros caminos posibles para revertir los daños causados por este negocio de los armeros del sur de la frontera gringa.
Tres días después, el propio presidente Felipe Calderón insistió —porque no era una petición nueva sino reiterada— a los congresistas de EU que abolieran la legislación de 2004 que autoriza la venta de las armas de asalto. Tampoco hubo respuesta, a pesar de los compromisos de dientes para afuera del propio presidente Barack Obama y de la secretaria de Estado Hillary Clinton, en sendas visitas a México y promesas de “corresponsabilidad” en el combate al crimen organizado que afecta a ambos países. Pero nada.
También cinco días después de la Reunión Interparlamentaria, el 17 del mismo junio, el “Informe sobre globalización del delito” de la “Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”, dio a conocer que “unas 20 mil armas de fuego pasan todos los años de forma ilegal de Estados Unidos a México”, adquiridas por “testaferros”. Material que “suele ser transportado a través de la frontera entre EU y México por contrabandistas en cantidades limitadas, tiene un valor calculado en 20 millones de dólares”, suficientes para armar a uno de cada tres adultos mexicanos.
Datos contundentes y de fuentes autorizadas. Antecedentes para la indagatoria del Washington Post que se fue hasta el sótano del problema, con rastreos oficiales sobre la detección de las armas. Importante sobre todo porque los mismos armeros del sur de EU se hacen los occisos no solo porque tienen el apoyo de sus leyes locales y de sus gobiernos estatal y federal, sino porque el negocio les reditúa enormes ganancias a ellos y a su país. Al fin que los muertos son de México.
El caso es que, claramente tanto el gobierno como el legislador gringo no pueden argüir falta de información precisa sobre el problema y el alcance tanto por la venta como por los impactos causados en México por el negocito a cuentagotas; es decir, los caídos por sus arsenales.
Al menos, dice el Post, durante los últimos cuatro años las autoridades mexicanas y estadounidenses han rastreado más de 60 mil armas utilizadas por el crimen organizado de México, compradas a 7 mil 500 armerías ubicadas a lo largo de la frontera de ambos países. Y en ese lapso, las autoridades han identificado 185 armas de la armería Lone Wolf Trading Company, en Glendale (Arizona); 165, de Glick Twins (Texas); 130 de J&G Sales, en Prescot (Arizona); y 120, de Denny´s Pawn and Sporting Goods en Mcallen (Texas). Quizá, incluso, esto no sea lo novedoso sino que en su mayor cuantía se trata de armas de grueso calibre, o las llamadas de asalto.
Pero tan sólo ocho armerías son las que surten a los carteles de la droga en México. Y de ellas, cuatro son de la compañía Carter´s Country, que ha vendido 115 de las armas incautadas por la policía y los militares mexicanos a los capos, y rastreadas por los registros. Lo anterior, no obstante la confidencialidad permisible por una ley avalada por el Congreso de EU que impide dar a conocer la identidad de los vendedores de armas.
El problema es que eso contribuye al abultamiento de las cifra: los 30 mil caídos, el saldo de muerte de la llamada guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón. Y EU desoye al gobierno y a los legisladores mexicanos en aras del negocio de la venta de sus arsenales. En tanto sus armeros se justifican diciendo, como los afiliados a la Asociación Nacional del Rifle, que el registro estadístico de que los 80 o 90 por ciento de las armas incautadas en México se vendieron en EU, son datos muy inflados.
Pero dijo acertadamente —ahora sí—, el embajador de México allá, Arturo Sarukhan, las armas de los EU han alimentado la violencia y el poder de fuego abrumador desatado por los narcotraficantes. Y necesitamos debilitar a las organizaciones de tráfico de drogas, de armamento de gran calibre, armas automáticas y semiautomáticas, pero pronto.
Los ciudadanos estadounidenses tienen el apoyo de sus gobiernos para poseer armas en sus domicilios, pero eso no justifica que frente a otros estados se pretenda hacer extensiva dicha posibilidad. Los mexicanos la pagan caro.

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