MICHOACANAZO, EL RETROCESO

13/diciembre/2010

*México está pagando cara la ilegitimidad
*La violencia trastoca a la población civil

Apenas en las revelaciones filtradas por Wikileaks, Felipe Calderón Hinojosa reconoció frente a su colega de la derecha española y también expresidente de su país, José María Aznar, que subestimó la magnitud de la corrupción y el alcance del narcotráfico en México como problema.
Grave, porque sin bases tomó decisiones de botepronto. Más por tener el mando de las Fueras Armadas, ser el Presidente de la República o legitimarse a toda costa en el poder, tras las cuestionadísimas elecciones del 2006, que por una estrategia inteligente. Desde entonces, el problema de la llamada guerra contra el narcotráfico tiene muchas aristas, pero ahora veamos una parte, la del saldo; a juzgar por el caos michoacano de la última semana.
Las acciones improvistas de Calderón, tras un diagnóstico falso, dio como fruto inmediato el Operativo Michoacán militarizando al estado; seguiría después el Operativo Conjunto Chihuahua, con la ofensiva castrense nada más. “Porque la autoridad local así lo pidió”, fue la explicación desde la presidencia; justificación a la inversa, o para lavarse las manos.
El objetivo era someter y controlar la ola de violencia desatada durante los últimos años. Tanta responsabilidad federal de Vicente Fox [y más atrás] como localmente durante los últimos gobiernos de la hueste cardenista; de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel y su protegido y actual gobernante Leonel Godoy —¿ninguno supo nada, igualmente, de la magnitud del problema?— porque el flagelo no crece sin el soporte de autoridades.
El caso es que durante cuatro años, de 2006 a 2010 [el llamado michoacanazo fue simbólico, cuando se detuvo algunos ediles y otras autoridades de varios municipios, para luego liberárseles sin cargos; ¿chivos expiatorios o culpables impunes?], no hay resultados tanto en dicha entidad como tampoco los hubo en Chihuahua donde la violencia se recrudeció —el caso Juárez es sintomático, porque el saldo de muerte es peor a un estado en guerra, y todo se atribuye a la pugna entre los carteles.
Estrategia fallida en Michoacán, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Guerrero, en Nayarit, en el Estado de México…, en todas partes. Algunas zonas padecen un control total de las bandas de criminales, generando una auténtica tierra de nadie. Felipe Calderón ha fallado en el combate al crimen organizado en el país. La justicia para los miles de muertes, presumiblemente integrantes todos de bandas del crimen organizado, andan en el limbo; así sean por enfrentamiento entre criminales, por “fuego cruzado”, víctimas del atropello de los militares tanto en los escenarios de combate —como en los retenes en diversas carreteras del país— han quedado en absoluta impunidad. Los muertos suman decenas por día en cualquier estado del país, principalmente en la frontera con Estados Unidos, el principal consumidor de drogas.
Así le reclamaron a Felipe Calderón el sábado pasado los senadores al gobierno federal: su fracasada estrategia, porque el estado de sitio que se vive en varias entidades del estado de Michoacán así lo prueba. Sin respeto ni protección de la población civil, carreteras bloqueadas y coches incendiados; sin garantizar la captura de los capos integrantes de la llamada Familia michoacana, y un número indeterminado de muertes [información de La Jornada de ayer].
En un operativo que estuvo al cargo de la Policía Federal, la institución que encabeza Genaro García Luna [¿¡apenas la primera actuación en cuatro años de gestión!?], un secretario que está bajo la lupa de Estados Unidos por “actos de corrupción”, según información de Proceso de esta semana, y abarcó entidades de Apatzingán, como El Alcalde, Guanjuatillo y Holanda. Y en despliegues de fuerza de los narcos en otras entidades como La Huacana, Taretán, Zitácuaro, Parácuaro, Copándaro, Ario de Rosales, Uruapan, Múgica, Ciudad Hidalgo y Zinapécaro. Bloqueos con coches incendiados, desde Morelia y otras carreteras principales hacia varias regiones del estado.
Como tal, el deterioro va más allá. La situación delata una agudización con calidad de retroceso —más bien— en el combate al narcotráfico y la confrontación directa con los carteles, porque la violencia se desbordó hacia amenazas continuas de comunidades enteras, con enfrentamientos durante varios días. Cuatro, según los reportes periodísticos, entre la PF y los sicarios de la Familia michoacana en persecución y presunta muerte de uno de los cabecillas: el llamado Nazario Moreno González, alias El Chayo —cuyo cuerpo, por cierto, la Policía Federal no tiene en sus manos para confirmar.
Todo en el estado donde comenzaron los operativos antinarco. En la tierra del presidente Calderón y en la entidad gobernada consecutivamente por la “izquierda” cardenista; situación que da más de qué hablar de los gobernantes del estado. Pésimos gobiernos, tanto de la derecha federal panista como de la izquierda local. El PRD —partido opositor, y presumiblemente con proyectos alternativos de gobierno— tiene presencia nacional y control político estatal.
El caso es que lo que se tiene ahora es una entidad en llamas. Así está ahora Michoacán. En tanto el gobernador Leonel Godoy sufre de parálisis y hace mutis. Nada ha hecho por el caso de las denuncias en contra de Julio César Godoy Toscano. ¿Tampoco sabía que Servando Gómez Martínez, alias La Tuta tenía sueldo como maestro en la entidad? Silencio, colusión o simplemente corrupción...
El caso es que la agudización merece llamados de atención urgentes al replanteamiento de la estrategia. Son cuatro años ya de dar palos de ciego. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Eso querían Calderón y el PAN al llegar ilegítimamente al poder en 2006? Ahora queda más que claro que la estrategia no solo se complica, va en reversa. Porque entidades enteras se están convirtiendo en escenario de enfrentamientos a balazos. ¿Esa es la eficiencia de la PF? ¿Y las indagatorias como las de La Tuta, por qué no se hacen con inteligencia? ¿No es la colusión de algunas autoridades sino del Estado en general?
Así, en lugar de madurar cualquier tipo de acciones propias de un Estado de derecho, donde los cuerpos de seguridad, de inteligencia y la policía hacen sus tareas de forma integral, el país se encamina hacia el precipicio. Y Felipe Calderón es el principal responsable. De todos, cada uno en su papel, por no reclamar o el replanteamiento o su dimisión. No solo Michoacán, México está pagando caro la ignorancia, el autoritarismo, empecinamiento e ilegitimidad de Felipe Calderón.

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