CORROSIÓN DEL SISTEMA PENAL

10/marzo/2011

*Polémica desatada por el filme Presunto culpable
*Urge la redefinición de los procedimientos penales

La disputa mediática que despertó el documental Presunto culpable —con varios premios internacionales, hasta el domingo 6 de marzo habría acumulado al menos 906 mil 636 espectadores; con 130 copias habría obtenido en taquilla unos 22 millones de pesos— desde su exhibición que inició el pasado 18 de febrero en las salas de cine, por las múltiples aristas que se derivan, tomó igualmente cauces equivocados. Algunos de los cuales son los siguientes:
1) El problema no está en si hubo o no, las autorizaciones correspondientes para filmar un juicio de tipo penal en el interior de un reclusorio del Distrito Federal, en este caso en el Reclusorio Oriente. Porque los permisos fueron otorgados, uno por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en su momento, José Guadalupe Carrera y ratificado por el ahora titular, Edgar Elías Azar; y otras autoridades como las del propio nosocomio. Además, se supone, los juicios son de carácter público. Y más ahora cuando el sistema judicial debe avanzar hacia los juicios orales en todo el país, de acuerdo con la reforma constitucional vigente, a propuesta de Felipe Calderón que avaló el Congreso en 2008. Con todo y que la crítica la coloque como una “abominación constitucional”, en los términos del jurista y catedrático Raúl Carrancá y Rivas [un asunto para otra discusión].
2) Que si se trata o no de un documental que juzga, de la misma manera lo que critica, porque en su exhibición somete al juicio de la colectividad e invierte los papeles de acusar al antes testigo y reivindicar al acusado una vez que se logra la revisión del caso y es liberado. Como caer en el juego de volverse acusador. Y exhibir a los involucrados, los familiares tanto de la víctima —la propia imagen del fallecido— como del acusado. La herramienta, en este caso la grabación de cámaras, pone fuera de la realidad los hechos y se convierte en juez y parte, a modo, de la presentación misma del documental y del criterio de los directores y patrocinadores del filme.
3) Si hubo censura o no al cortometraje Presunto culpable, porque la titular del juzgado Decimosegundo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, decidió otorgar una “suspensión provisional” a la exhibición en las salas de la citada cinta a partir de martes 1 de marzo, por considerar que tenía elementos para otorgar el amparo promovido por quien aparece como el testigo del caso, y primo de la víctima, Víctor Manuel Reyes, a razón de ser “objeto de desprestigio, vejaciones, humillaciones, burlas y amenazas desde que el documental fue estrenado”.
No obstante el Consejo de la Judicatura Federal resolviera el martes 8, la revocación de la orden de suspensión de la juez, y la cinta volverá a exhibirse en los cines. El criterio del organismo superior dicta que: la medida cautelar [de suspensión] causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información, contenido en el Artículo sexto de la Constitución federal. Además, que los magistrados salvaguardan el Artículo cuarto constitucional, porque en su párrafo noveno establece los derechos que tienen los mexicanos a la libertad de expresión cultural, con los que se establecen los vínculos de identidad.
Lo falso del dilema radica en que el drama de la cinta Presunto culpable, pone en entredicho y desnuda las formas y procedimientos del sistema de justicia y penal en México. Y ese es el asunto de fondo. Lo que en todo caso debiera comenzar a discutirse. Comenzar por las falsedades de los procesos. Desde la prepotencia e impunidad de los judiciales, las acusaciones —muchas de ellas no probadas—, las detenciones en otras tantas ocasiones arbitrarias y agresivas de los policías, los juicios viciados orquestados por los abogados auxiliares —¡cuántos de ellos sin la preparación para participar en un proceso judicial!—, etcétera.
Así, entre otras revelaciones, el filme de Roberto Hernández, Layda Negrete y Geoffrey Smith, los dos primeros abogados e investigadores del CIDE y el segundo cineasta australiano, con algunos años de indagatorias sobre el sistema de justicia mexicano, ponen al descubierto varios procedimientos tan viciados como perversos de la justicia penal y de los procesos mismos. El fruto es que hay miles de jóvenes, en su mayoría inocentes, purgando penas indebidas en los llamados Centros de Readaptación Social que son más bien escuelas del vicio y del crimen. Por eso es que levantó tantas reacciones Presunto culpable. Por eso mismo la sociedad debe exigir su derecho a ser y estar informada de falsos procedimientos para exigir su cambio inmediato.
Por ello, y más allá de los detalles de la cinta, es importante resaltar algunos puntos. 1) “A los policías y otros funcionarios del sistema penal los premian por el número de personas detenidas y acusadas”. Por eso, en el ‘93% los presos nunca vieron una orden de aprehensión’. Y que los jueces no participan en los juicios; cualquier funcionario, menos el juez, puede presidir una audiencia”. 2) Pueden ser pruebas desde falseadas hasta exageradas, según testimonio de la cinta. 3) Los procesados difícilmente conocen al juez de su causa. Eso ocurre en el “93% de los acusados”. 4) La Procuraduría se basa en el expediente que arma a contentillo, y de ahí salen tanto las acusaciones como sentencias. “El expediente no se puede cuestionar”, dice la investigadora del CIDE. “La Procuraduría se cobija en el expediente como una historia que arma previamente al juicio y ya no tiene que venir al juicio a debatir”. 5) Las pruebas no importan, sólo las sentencias. Es más, dicta la abogada: “La policía no investiga. Desconoce pruebas, borra pruebas. Esa es una pregunta clave para entender qué está pasando con la justicia en México”.
En el fondo, la sociedad sabe que en México no existe la presunción de inocencia. Y que el sistema judicial es un “sistema perverso”. El caso es que, en última instancia, el juicio es un botón de muestra de tamaña arbitrariedad que tiene a miles de jóvenes en la reclusión; en las escuelas del crimen. ¿Hacia dónde va el sistema de justicia en México? El asunto rebasa al propio sistema. Y revelaciones como esta de Presunto culpable son aleccionadoras para replantear el asunto sin falsas premisas.

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