MILITARIZACIÓN-IMPUNIDAD, MEZCLA PERVERSA

31/enero/2011

*Antes los demonios; hoy los asesinos andan sueltos
*El allanamiento de marines en el Distrito Federal

Con tres o cuatro mudas que ha tomado el Operativo Conjunto Chihuahua desde que entró en vigor en marzo de 2008 —que no pasan de eso: un cambio de piel—, la violencia atroz que en Ciudad Juárez sigue cobrando vidas [es la ciudad más violenta del país], pese a las acciones cuyo antídoto ha emprendido el gobierno federal en la entidad, desnudan perfectamente la derrota de la estrategia orquestada por Felipe Calderón contra el crimen organizado, tanto a nivel local como nacional. Pero el asunto no para en eso: avanzan y se consolidan la militarización y la impunidad en el país.
Triste ejemplo, la violencia persiste —con o sin el Ejército presente e Juárez— por la batalla entre las bandas del narcotráfico, una impunidad que está a flor de piel porque no se aclaran los crímenes [el tema de las mal llamadas “Muertas de Juárez” sigue en los archiveros de las instancias judiciales también], el incumplimiento a las demandas de justicia de la sociedad civil y, por si fuera poco, los programas del gobierno que han demostrado no funcionar. El caso de los 15 asesinados en Villas de Salvarcar, ayer hizo un año, cuyos deudos siguen demandando castigo a los implicados, representa apenas un botón de muestra.
Renuente al cambio de estrategia federal seguida desde que arrancó el sexenio calderonista —le corresponde directamente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas—, pese a la nulidad en cuanto a resultados porque la violencia arrecia en lugar de contenerse en muchas ciudades del país —violencia que llama más violencia—, a los más de 34 mil caídos —y eso los contabilizados, implicados o no; y no se sabrá hasta en tanto no ocurran las indagatorias ministeriales correspondientes, porque los “daños colaterales” representan apenas un número de 111 [¡sic!]—; no obstante las presiones de la sociedad civil que lo da a conocer por todos los medios posibles —en foros incluso de cara al propio Calderón, en desplegados, en marchas de protesta, en campañas como “No + Sangre”, etcétera—, a la oposición de una parte de los medios de comunicación —porque los hay también quienes se coluden—, la opinión de especialistas —que son cuantiosos, salvo los entreguistas al sistema, que sobran, los “intelectuales orgánicos”— y hasta exfuncionarios de adentro como de afuera del país —como el detestable causante del Fobaproa, Ernesto Zedillo y personajes como el expresidente colombiano César Gaviria, entre muchos otros.
A su vez, las amenazas de militarizar al país so pretexto de la persecución de capos en muchas ciudades capitales, ha llegado hasta los operativos de los marines —perdón, soldados de la Marina— entrenados en escuelas militares gringas como parte de la intromisión de Estados Unidos en los asuntos de la seguridad nacional de México, en el propio Distrito Federal y sin el mínimo de control por parte del Congreso de la Unión [los legisladores de todos los partidos, los propios partidos políticos han sido omisos a las presiones generalizadas desde la sociedad civil], ni el esclarecimiento de su papel acorde con las leyes de este país [pendiente sigue la legislación en la materia].
En otras palabras: Felipe Caderón, y consigo al Partido Acción Nacional, no sólo le ha fallado a los mexicanos en su demanda de brindar seguridad pública, claramente sacó al Ejército a las calles para legitimarse en el poder tras el fraude electoral del 2006 y la mejor muestra es que está militarizando la vida en los centros urbanos, permitiendo el clima generalizando de violencia porque ha utilizado sólo la estrategia de la confrontación y abrasado la impunidad que se generaliza porque los asesinatos están sin la indagatoria correspondiente y los asesinos andan sueltos; a más de consentir la violación de la seguridad nacional de México por tolerar la intromisión amenazadora de los estadounidenses en los asuntos internos del país.
El esclarecimiento del crimen masivo en Salvarcar, pese a las promesas del propio Calderón frente a las madres que lo confrontaron por las declaraciones desatinadas de que se trató de un enfrentamiento entre “pandilleros”, cuando fue un comando de sicarios el que disparó contra jóvenes inocentes en convivio, sigue en espera. Pero además, los programas prometidos y aplicados no operan o se han quedado demasiado cortos. Es el caso reportado la semana anterior por Proceso, donde el programa “Todos somos Juárez”, con el cual llegó el presidente a prometer acciones, está en juicio por los afectados.
Un programa de sólo ¡3 mil 386.5 millones de pesos! para una población con un tejido social desbaratado resulta de chiste. Se trata de un proyecto para ¡seis áreas!: seguridad, educación, salud, desarrollo social, economía y empleo. Pero las “pifias” son patéticas. Crecen delitos como el secuestro y la extorsión, el robo de autos, y el Centro de Emergencia y Reacción Inmediata no reacciona a tiempo como se prometió. Hay 80 mil autos, unidades sin placas por los elevados costos de regularización, pese al “operativo de blindaje” del Programa Nacional Fronterizo. Las violaciones a los derechos humanos son continuas, y parece que en el Centro de Confianza Ciudadana sólo se reciben las quejas y no pasa nada. La afiliación de pobres al Seguro Popular “tiene claroscuros”; la incorporación al IMSS e ISSSTE solo saturó los hospitales, cuando primero debió ampliarse la infraestructura médica. En el control de adiciones, con centros como Nueva Vida, no habrá mejoras en tanto “no mejore la seguridad” de manera sustancial. Y en materia de Salud Mental o Desarrollo Social, o no hay presupuesto o sólo se incorporó a la gente al programa Oportunidades. En tanto la educación no está nada bien.
Además de atender a las víctimas de la violencia y “a los adolescentes en situación crítica”. Lo que en el fondo hace falta es “sanar el tejido comunitario y atacar la pobreza que afecta a la mitad de la población”. Algo que ni por la mente le pasa al gobierno federal, como tampoco lo está enfrentando el nuevo y flamante gobernador César Duarte, a pesar de ser la segunda instancia, después del propio municipio, en la recomposición del tejido social. Pero porque en el fondo la violencia todavía carece de controles. A pesar de las presiones y demandas locales, todo sigue igual. O peor.
Como la violencia y la impunidad, así también crece la presencia militar en las calles de las grandes urbes. Ocurrió en Morelia, Michoacán, Monterrey, Nuevo León, ciudades de Tamaulipas y recientemente en la capital del país. Son los operativos de “inteligencia” de la Marina en el DF, bajo la égida de los órganos de seguridad estadounidenses quienes dan el pitazo, para detener a los capos que o bien operan desde acá o se encubren en la propia capital del país. Y no porque no deben ser perseguidos, sino porque aumentan los espacios para la violación de los derechos humanos y los militares invaden más espacios ciudadanos.
Cuando la estrategia de Calderón desoye propuestas, carece de una de “inteligencia” contra el crimen organizado y alienta una mezcla perversa entre militarización e impunidad, cuando sostiene una batalla perdida en todos los frentes.

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