Amigos. De ahora en adelante publicaremos las reflexiones que aparecen en la revista Reporte México, de publicación en México, DF. Un saludo a todos. Y disculpen la espera. Gracias por su paciencia.
La ilegitimidad como negocio*
*Tomado del N° 1
de Reporte
México, Revista de Reportajes. México, abril-mayo de 2012.
La ilegitimidad como negocio*
*Los presidentes
mexicanos, o bien que no resisten a la presión de los intereses mezquinos de
los grupos de poder, establecidos y fácticos,
o están sujetos a ellos
*Porque la trampa
neoliberal se sustenta, entre otros candados,
en las privatizaciones —llamadas pomposamente “reformas estructurales”— y venta
de garaje de los bienes nacionales del otrora Estado benefactor que los
administraba
Por Salvador González Briceño
Director de Reporte México
(http://www.wix.com/reportemexico/mx#!)
“La verdad
adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el agua sobre el
aceite”:
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
Resistencia al cambio
En la historia de los países hay circunstancias o coyunturas álgidas
que, cuando se presentan dejan una buena impresión, o casi siempre una herida que no cierra fácilmente. Es el
caso, por ejemplo, del estallido de revoluciones, la promulgación de
constituciones, el fin de prolongadas guerras o la caída de tiranos, entre
otros. Acontecimientos que trascienden y son inevitables porque se entrecruzan con
el presente y amalgaman el futuro de los pueblos.
Como sucede en los países pobres y en “desarrollo”, México tiene en la actualidad
un corolario de situaciones tan complejas, álgidas y hasta peligrosas. Para
explicarlas hay que ver, como en la dialéctica, la dinámica interna que está en
primera fila. Desde afuera, por su parte, hay que medir tanto el yugo
geopolítico y geoeconómico imperial con el cual avasalla al mundo los Estados
Unidos, como los coletazos de la
llamada globalización neoliberal en declive.
Se trata, por un lado, de los síntomas de descomposición de un sistema
político mexicano caduco y que se resiste al cambio; la democracia, que se alude cual si fuera mercachifle electoral,
como un simple ardid publicitario. Los políticos se quedan con la revisión de
los problemas nacionales y el diagnóstico, porque se niegan a emprender la reestructuración. Por ello tanto parche a la Constitución y tantas leyes
“complementarias”, porque los líderes de la clase política defienden privilegios
—propios y ajenos, los del poder económico—
frente a cualquier intento de renovación,
provenga de donde provenga.
Por eso también la llamada transición
del sistema político no cuaja, y se queda
en buenas intenciones y enredos discursivos. Porque no hay voluntad política desde
la institución presidencial —vivimos en
un sistema presidencialista y a ella le competen los primeros pasos—, sobre
todo, para negociarla. Porque hay muchas resistencias. Pero se requieren estadistas, no gobernantes. Por eso
transiciones como la española tienen mérito; seguro que por su casta imperial y
por todos los favores que la vieja Europa le debía. Eso explica los apoyos
recibidos.
Los presidentes mexicanos, o bien que no resisten a la presión de los intereses
mezquinos de los grupos de poder, establecidos y fácticos, o están sujetos a ellos. Peor cuando se trata de un
presidente sin credibilidad, ilegítimo
y carente del apoyo de todos los sectores de la sociedad sin los cuales no pasa
nada.
Por eso mismo la llamada alternancia
del año 2000, se quedó en un simple cambio de estafeta —del ocupante de Los
Pinos— entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional,
no se tradujo en beneficio alguno para el país. Nada para el sistema político, tampoco
para el modelo económico; ese creador de encumbrados millonarios y tremendo
socializador de pobres.
La ilegitimidad, el negocio
Corolario de esta compleja situación, resulta que el pueblo mexicano
vive tiempos de inseguridad, incertidumbre, violencia, pobreza, abandono, y miedo
en el campo y la ciudad, desde el norte hasta el sur del país. Y las elecciones
como parteaguas sui géneris que son,
forman parte importante de la renovación de un sistema político mexicano en
crisis.
De ahí que la elección sea, como nudo
gordiano, también soporte y reproductor dicho sistema político precario. Punto
de encuentro o de confluencia entre las fuerzas políticas que se disputan el
poder. Eso sí, funciona también como mecanismo legitimador, por el filtro del
votante. Por eso no importa que sea legal,
esa legalidad intrincada y saturada de normas. ¡Cuántas reformas a las leyes
electorales!
¿Por qué y de quién tanta desconfianza?: ¡Que la democracia electoral!
¡Qué el respeto al voto ciudadano! ¡Que las campañas político-electorales! ¡Que
los candidatos de los partidos! ¡Que los grandes recursos destinados a las elecciones!
¡Que las propuestas —ausentes— de los candidatos!
Pero, ¡no señores! Como diría Salinas, respeto de Luis Donaldo Colosio
siendo el candidato presidencial cuando Manuel Camacho Solís atraía los
reflectores como negociador del gobierno frente al EZLN: “No se hagan bolas”.
La verdad es que el fraude electoral es redituable. Es negocio para la clase político-económica porque la ilegitimidad es mejor para ellos. Un
presidente ilegítimo no tiene la fuerza, ni consenso, ni credibilidad ni los
hilos suficientes para emprender cambios de fondo que atenten contra sus
intereses. Y a río revuelto ganancia de pescadores. Porque la elite
político-económica presume que el modelo económico neoliberal llegó para
quedarse. Y contra toda resistencia tiene la fuerza que manejarlo a su antojo: a la economía y a los políticos.
De ahí que en la práctica política de México, en el ejercicio del poder,
la ilegitimidad se haya convertido en
ilegalidad. Y la ilegalidad se
considere como circunstancial pero a su vez como “normal”. Porque el modelo
neoliberal que sirve sólo a los grandes intereses, tanto internos como externos
porque desde afuera llegó el Consenso de Washington —así lo firmó, mediante
Cartas de Intención en 1983, el ahora extinto presidente Miguel de la Madrid
Hurtado y profundizó el ilegítimo
Carlos Salinas—, es como cl “cuerno de la abundancia” o una gran alcancía.
México es país agraciado de Latinoamérica por su distinción de su marcada
desigualdad en la distribución de la riqueza. Y tiene para más, en tanto el modelo
siga su curso.
De ahí la guerra continua de
los ricos contra los pobres. Porque la trampa neoliberal se sustenta, entre
otros candados, en las privatizaciones
—llamadas pomposamente “reformas estructurales”— y venta de garaje de los
bienes nacionales del otrora Estado benefactor que los administraba, para luego
ir a parar a manos de particulares. Dizque por la eficacia del mercado. Patrañas, porque el
neoliberalismo resulta a todas luces disfuncional y desarticulador de las
economías reales y a beneficio de los capitales especulativos, golondrinos.
Por eso la llamada reforma del Estado en México generó en pocos años un
montón de potentados, entre ellos a Carlos Slim ahora el hombre más rico del
mundo. Y tantos más, como uno de los favoritos de Forbes, en estos tiempos Joaquín Loera El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.
¿No era Teléfonos de México una paraestatal? Al igual que el resto de las
empresas privatizadas; algunas mal administradas, lo cual también es verdad, pero
había una mejor distribución de la riqueza. Y la dinámica económica era otra,
generaba empleos y reportaba índices de crecimiento del PIB del 6 por ciento
—el llamado “desarrollo estabilizador”.
Por eso el acoso hacia Petróleos Mexicanos iniciado por Carlos Salinas
de Gortari, continúa hoy por los panistas (Véase el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas azules, manos negras. El saqueo de
Pemex desde Los Pinos. Grijalbo, febrero 2010). Sustento del cuento
legislativo para brincarse una
Constitución que blindara Lázaro Cárdenas desde los tiempos de la
nacionalización de Pemex, para impedir el saqueo con la explotación del sector
por las trasnacionales petroleras. ¿A beneficio de quién? (Ahora la situación
está mucho peor; el saqueo tiene origen corporativo, y el crimen organizado ya
llegó. De la misma autora: El cartel
negro). Por cierto que los mexicanos pierden, porque las gasolinas están entre
las más caras del mundo.
El caso Pemex
Por merecer trato aparte —sigue siendo la empresa más importante del
país—, del caso Petróleos Mexicanos en Maniobras
del poder escribimos lo siguiente.
Pemex, nido de ratas
*De la expropiación a la privatización
*El saqueo que atenta contra la
nación
No queda nada qué celebrar en 18 de marzo con motivo de la Expropiación
Petrolera del general Lázaro Cárdenas de 1937-38. ¡Bueno! Ni siquiera el día,
porque se perdió con las iniciativas
de Vicente Fox, y el aval del Congreso de la Unión, que modificaron el
calendario para recorrer algunos días “festivos” como éste, para el lunes
inmediato anterior.
El petróleo expropiado se convirtió en petróleo privatizado, de unos años para acá. Y, a estas alturas, casi no hay
áreas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las cuales no estén metidas las manos
de particulares “amigos” y “contratistas”; sobre todo en la subsidiaria más
importante: Pemex, Exploración y Producción (PEP). Bueno, ni siquiera pudieron
esperar —los administradores y el gobierno federal panista—, a que la reforma
de Calderón fuera aprobada por los legisladores en el Congreso. Hasta la
presencia de inversionistas extranjeros ocurrió tiempo atrás.
Basta revisar el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas azules… cit.), que desnuda las trapacerías de los panistas,
para destapar la cloaca y ver solo algunas de las tantas transas que alimentan
la voracidad de las mafias que trabajan en la paraestatal “de todos los
mexicanos”, por los negocios que se ofertan (licitaciones amañadas) entre
contratistas privilegiados.
Más lo que se acumula con el entreguismo a los beneficiarios mediante
figuras anticonstitucionales como fueron los Contratos de Servicios Múltiples
(CSM), para algunas empresas extranjeras. ¡Sí, a extranjeros!, porque el petróleo
pasó de la Petroleum Company of California (hoy Chevron-Texaco), la Standard
Oil Company (hoy Exxon-Mobil), la Pebb Mex Oil Company (hoy Penzoil), de los
tiempos de Cárdenas, a las petroleras trasnacionales de ahora: Repsol,
Petrobras, Teikoku, Oil Techint, Tecpetro, y D&S Petroleum (p. 47), en los
tiempos del PAN. Entreguismo de ¡alta traición contra los mexicanos!
Por eso, a estas alturas del partido no hay nada para celebrar. Todo lo
contrario. Hay elementos para castigar a los responsables de tamañas acciones
anticonstitucionales y atentatorias de la propia seguridad nacional (el
petróleo para cualquier país es asunto de seguridad nacional, ni mencionar a
Estados Unidos que por ese motivo emprendió las últimas guerras en Asia
Central), porque hay funcionarios que han estado entregando a manos privadas el
patrimonio de los mexicanos; el fruto de la decimoprimera empresa mundial de un
energético que todavía mueve al mundo de la industria y los servicios.
Denunciar y juzgar, es lo que anticiparon algunos legisladores de
oposición al PRI/PAN la semana anterior (sesiones de martes 9 y jueves 11 en la
Cámara), cuando panistas y priistas se dieron hasta con la cubeta con motivo de
los enjuagues para proteger a Enrique
Peña Nieto, rumbo a la elección presidencial del 2012 […], aún a costa del
aumento en los impuestos en prejuicio de los mexicanos. Sesión en donde los
priistas mostraron la portada del libro citado para arremeter contra César
Nava, como amigo cercano de Calderón que —junto con los “treintañeros y
arrogantes” yuppies, y el malogrado
Juan Camilo Mouriño— hizo negocios privados de la empresa pública número uno
del país.
Y así lo asienta Miguel Ángel Granados Chapa en el prólogo del citado libro. “La inclinación de miembros del PAN al
latrocinio y al abuso alcanza hasta a los mejores, o que parecían ostentar ese
título, hasta que la indagación de Ana Lilia Pérez los puso en su lugar”. Y
arremete contra Nava, luego de tantos elementos que aporta la autora. “El caso
paradigmático de cuantos están expuestos en estas páginas es el de César Nava.
Duró poco tiempo en la oficina del abogado general de Pemex. Pero su huella es
tan profunda que parece haber estado allí una eternidad. En poco menos de dos
años —de octubre de 2001 a septiembre de 2003— protagonizó casos que en otras
circunstancias lo hubieran llevado a los tribunales” (p.p. i, ii). Y en esas
anda. Tirando línea como líder de los diputados panistas en San Lázaro.
Baste el tema de los llamados CSM, como lamentable ejemplo. “Documentos
internos de la paraestatal y la SFP (Secretaría de la Función Pública) revelan
cómo Nava Vázquez, al frente de la OAG (Oficina del Abogado General), autorizó
el diseño de los CSM… a la firma Pricewarderhouse Coopers”. Con todo y que
“violaba el artículo 27 constitucional, la Ley Orgánica de Pemex y su
reglamento, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas (LOPSRM)” (p. 47).
Así, “en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de
Pemex, Luis Ramírez Corzo director de PEP, y César Nava abogado de la
paraestatal, operaron para que ésta suscribiera contratos como si se tratara de
una compañía privada, cediendo a terceros la exploración y explotación de
pozos. Y al hacerlo pasaron por alto las consideraciones de especialistas adscritos
a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaron los CSM, advirtieron que el
modelo propuesto por Pricewarderhouse Coopers violentaba la ley” (p. 48).
Hay más triquiñuelas: “Al beneficiar a las trasnacionales con contratos
por más de 4 000 millones de dólares que les permitiera explorar, explotar,
producir, transportar o almacenar gas natural y sus condensados en la Cuenca de
Burgos durante 20 años, Nava Vázquez les cedió actividades estratégicas de
Pemex, por lo que habría incurrido en supuestas violaciones a los cuatro
primeros artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, así
como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP)”
(Ibíd.).
Aparte de Nava, aparecen documentadas las transas de Mouriño, de los hijos
de Marta Sahagún en el apoyo de Oceanografía, de negro historial, de Sain
Martin. Y tantas personalidades más, como el diputado Nordhausen y Juan Bueno
Tenorio. Por esto, el 18 de marzo nada se celebra. [18.3.10]. (Está en: //bit.ly/HymHjd).
Elecciones fraudulentas
Con algunos testimonios. En las últimas décadas, el país cuenta en su
haber con un saldo de por lo menos dos elecciones tramposas. Dos elecciones presidenciales agudamente cuestionadas,
al grado de cargar con el señalamiento de la ilegitimidad: la de Carlos Salinas de Gortari el 6 de julio de 1988,
señalada como la “caída del sistema” porque las trampas impidieron a Cuauhtémoc
Cárdenas ser el Presidente. La de Felipe Calderón Hinojosa en el 2006, quien se
negó al recuento de votos pese a que la diferencia fue tan pequeña que no le
garantizaba el triunfo per sé. Y
menos con los engaños cibernéticos que todos vimos la noche del 2 de julio del
2006. Impidiendo así el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la silla
presidencial. (Véase a: José Antonio Crespo, 2006. Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral
mexicana, Debate, 2008).
Elecciones de Estado, a fin de cuentas. Porque sin respetar la voluntad
popular se construye la imposición de ganadores que deriva en el rechazo y el desencanto
popular. Con Salinas se gestó el desastre nacional; con Calderón vino la
estocada. Por ello, ambos presidentes requirieron golpes de timón para tratar de legitimarse. Y lo consiguieron a
medias, pero cómo han castigado al país.
El primero pretendió lograrlo con El
Quinazo, la detención de Joaquín Hernández Galicia líder del sindicato
petrolero. Luego la sustitución de Carlos Jonguitud por Elba Esther Gordillo, en
deterioro de la educación del país y para el uso político del sindicato
magisterial. El segundo se sacó de la manga una guerra contra el narcotráfico, de la cual el país padece ahora las
más graves y violentas consecuencias. Porque ningún número de muertos justifica
una determinación presidencial de ese tamaño. Y ya van 60 mil, según la
estadística, porque la justicia brilla por su ausencia. Sólo hay impunidad. Como
si le faltara algo a un sistema político disfuncional, que se distingue también
por su elevada corrupción en el ranquin mundial.
1988
Del primero hasta su mentor se arrepintió. Se trata del testimonio de De
la Madrid sobre Salinas, que veremos ahora. Hay muchas opiniones, pero veamos
sólo algunas. Primero en la reflexión de Porfirio Muñoz Ledo sobre el fraude
electoral. Cita larga pero necesaria, porque su significado es mayúsculo para
el país. Más cuando Salinas anda escribiendo libros autojustificatorios sobre
su gestión. Que más bien son de cinismo y perversidad políticos.
“Un libro esencial —dice Muñoz Ledo— para el conocimiento del acontecer
contemporáneo del país es 1988: El año
que calló el sistema. Su autora, la noble periodista Martha Anaya. Leerlo
es una experiencia estremecedora e imprescindible. Debiera generar un análisis
responsable sobre los orígenes inmediatos de la tragedia nacional. No es un
alegato ideológico sino un repaso objetivo y documentado de [los] sucesos que
descarrilaron el cambio histórico. El abatimiento de los velos piadosos que han
encubierto la enorme tradición cometida contra la voluntad popular: el juego
suicida entre inercias y mezquindades que ha marcado desde entonces el
despeñadero moral de la República.
“La obra en una crónica de las jornadas iniciadas el día de la elección
y desarrolladas más tarde entre bambalinas, hasta que el sistema recobró el
control político mediante la aceptación —interesada o medrosa— de una victoria
oficial que nunca existió, por parte de quienes realmente la obtuvieran. Los
testimonios de los actores no dejan lugar a dudas sobre las cuestiones a
debate.
“Ante todo el verdadero resultado de los comicios, ¿Cárdenas obtuvo más
sufragios que Salinas o sólo quisieron preservar una mayoría holgada para el
régimen? Además de que los hechos relativos apuntan inequívocamente en el
primer sentido, ninguno de los interrogados afirma que Salinas ganó la
elección.
“Quien es titular del Ejecutivo dice: `portar el sambenito del fraude
es penoso pero lo hubiera sido más perder el poder´; `a la izquierda no habría
ni hay que dejarla llegar´. `Creo que
hice bien en impedirlo´. Aunque no haya sido obra de su firmeza, sino de
las maquinaciones del beneficiario primordial.
“La célebre caída del sistema es más sustantiva de lo que muchos
suponen. No fue sólo una decisión de emergencia para evitar la diseminación de
cifras abundantemente favorables a la oposición en el Valle de México. Derivó
también de obstrucciones informativas de los comités estatales, que
improvisaban malabarismo para maquillar los resultados en todo el territorio
nacional.
“El cúmulo de falsificaciones comprobables, el `escalofrío de Los
Pinos´ descrito por la autora, el desconcierto de la clase gobernante, la
perceptible neutralidad del Ejército, la convicción de nuestro triunfo en la
opinión internacional y sobre todo el enardecimiento popular, habían creado las
condiciones para exigir la nulidad de la elección e impulsar una genuina
transición democrática.
“Así lo convinimos el 6 de julio en el Llamado a la legalidad redactado por Carlos Castillo Peraza y por
mí: `En caso de que no se restablezca la legalidad de proceso electoral no
aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos a las autoridades que provinieran
de hechos fraudulentos, por lo que procederíamos a defender los derechos del
pueblo mexicano con todas las armas que la Constitución nos otorga´.
“Las evidencias del fraude eran mucho mayores a las que cualquier
legislación establece para anular comicios, y la capacidad de movilización
social muy superior a otras que desplomaron regímenes por la vía pacífica. La
equiparación con el 68 es desproporcionada, y el hipotético `baño de sangre´,
sólo una excusa a posteriori del discernimiento. No era factible, ni con Atila
despachando en Palacio.
[…]
“Pudimos ser adelantados de la historia, pero los principales
dirigentes carecían de los tamaños para entenderlo. Se requería, como escribió
Jorge Castañeda, `una visión de largo plazo y la definición precisa de que la
meta era la liquidación del sistema´.
“En aquél entonces le dije: `si dejamos que este chaparrito se recupere
y reagrupe sus fuerzas, no nos lo quitamos de encima´. Así sucedió y la derecha
se instaló en el poder durante dos decenios para ejecutar un programa
radicalmente opuesto al plebiscitado por el pueblo.
“El desastre acaecido hasta hoy es nuestra responsabilidad por omisión
y la pequeñez de algunos apenas se distingue de la complicidad.
“Afirma De la Madrid que, al entrevistarse secretamente con su
contrincante, Cárdenas admitió la derrota: `Aceptó la victoria de Salinas en
los hechos; se sentó con él a negociar´. A cambio de ninguna ventaja política
comprobable, ya que todas fueron a las alforjas de Acción Nacional. Para acá
reservaron la represión y finalmente el desprecio.
“No imagino a los conspiradores de Querétaro —cierra el autor apaleando
a Cuauhtémoc— negociando en la sombra
posiciones con el virreinato ni a los maderistas o constitucionalistas enviando
en la batalla mensajes subterráneos de retirada. Para infortunio de nuestra
generación, los héroes no se dan en maceta ni la grandeza es un bien
heredable”. Hasta aquí. (Tomado de: La
vía radical. Para refundar la República. Grijalbo, 2010. P.p. 13-15).
También el periodista Martín Moreno califica: “Salinas de Gortari llegó
a la presidencia mediante ese fraude”. (p. 126). Y resalta el diálogo de Martha
Anaya con De la Madrid. (P.p. 126-128). “El fraude electoral… radica también en
la actuación de los poderes establecidos: en las autoridades electorales, en
los presidentes de casilla, en el Tribunal Federal Electoral, en los
secretarios de Estado, y en el Presidente de la República”. (p. 128).
Y remata: “El fraude del 88 estuvo en el 50 por ciento de casillas no
contadas por la oposición; en las 1 762 con votación absoluta para el PRI y
ningún sufragio para otro partido; en el retardo de los resultados electorales.
Pero fundamentalmente, estuvo en la intervención del presidente Miguel de la
Madrid, utilizando todo el poder del Estado, para manipular y dar tiempo a los
operadores priistas para `la votación y adjudicarle el triunfo a Carlos Salinas
de Gortari. En resumen, 1988 fue un ejemplo mayúsculo del abuso del poder en
México. De ellos, los priistas”. (En: Abuso
del poder en México. Aguilar, 2012, p. 130).
En la entrevista con Carmen Aristegui para el libro Transición, De la Madrid no mencionó el
fraude electoral, pero sí “rompió la regla de oro” de hablar de su sucesor. Se
dijo decepcionado de él. En MVS Radio
Noticias, se retransmite la entrevista el 13 de mayo de 2009.
Carmen lanza la pregunta: “¿Qué
dice a la distancia de haber sido, porque no me lo va a negar, el factor para
que Salinas llegara a la presidencia? ¿Se equivocó?
“MMH: Me siento decepcionado porque me equivoqué, pero en aquel
entonces no tenía elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas; me di
cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de
la moralidad de sus colaboradores.
“CAF: ¿Qué le decepcionó más de
Carlos Salinas?
MMH: Principalmente esa inmoralidad que hubo.
CAF: Respecto al dinero. ¿Y de su
gestión política?
MMH: También creo que cometió equivocaciones graves, que le trajeron la
antipatía de ciertos grupos de la población”. (Grijalbo. 2011. p. 108).
Luego Salinas descalificó a su mentor obligándolo, por intermediación
de su familia, a firmar un desmentido: que “sus respuestas carecen de validez y
exactitud”. Salinas alegó en carta a la periodista sobre la “limitación de sus
capacidades” del interlocutor. Hizo todo para eludir políticamente las
consecuencias.
Y Aristegui concluye, en entrevista posterior con La Jornada: “Sin que haya un juicio de interdicción, aquí
simplemente se aceptó porque Carlos Salinas lo decía. Los ejes de poder de este
país silenciaron a un expresidente y por la noche el duopolio televisivo hizo
caso omiso; esto último nos habla de uno de los principales asuntos que existen
en este país, y que nos hacen pensar que la democracia en México, si es que es
tal cosa, es de tan baja calidad que se atenta contra un derecho fundamental de
los ciudadanos: el derecho a la información”. (27 de noviembre de 2009). Un
régimen absolutamente rudo que lleva 20 años de continuidad, decía Camacho
Solís con la entrevistadora.
Pero el dictamen estaba hecho tiempo atrás. Carlos Salinas no se salva
del repudio popular, y menos del juicio de la historia.
2006
Sobre el modo bajo el cual Calderón llegó al poder, también se ha escrito
lo suficiente como para saber que no ganó con votos sino a chaleco. Es decir con un dictamen torcido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF). De ahí que en las calles —porque la gente común nunca olvida— el
“presidente legítimo” siga siendo López Obrador.
El 30 de mayo de 2010 en la columna “Elecciones a la mexicana”,
escribíamos: “El 3 de agosto de 2006, reunidos en un seminario especial
de trabajo en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), 61 investigadores y científicos de diversas disciplinas
pertenecientes a 25 instituciones del país, tras analizar y discutir
cuidadosamente los resultados de trece estudios realizados en México y uno en
la Universidad de Cornell, Estados Unidos de Norteamérica, con base en los
datos publicados por el IFE, concluyeron que en la elección de Presidente de la
República del 2 de julio de 2006 hubo anomalías lo suficientemente evidentes
que no permiten decir que se haya cumplido con el principio rector de certeza”.
(Tomado de: “Elecciones presidenciales. México 2006”, http://bit.ly/w0WUvY). Fraude
cibernético.
¿Por qué no se anuló la elección?
¿A cuentas de qué el TEPJF benefició a uno de los candidatos, en su caso a
Calderón, sin atender plenamente las anomalías de la citada elección? ¿Por qué
el IFE declaró ganador a Calderón sin las evidencias plenas? ¿Los intereses de
quién se impusieron para dar el triunfo al PAN? ¿Por no permitir la llegada de
Obrador al poder? ¿Por temores de quién o quiénes? ¿Por qué no respetar la
voluntad ciudadana? ¿Otro fraude después del 88? ¿Qué clase de presidente sería
electo con tamañas anomalías? ¿Se merecen eso los mexicanos? Algunos pocos, los
detentadores del poder dirían que sí; de hecho porque lo dijeron es que se
validó la elección.
José Antonio Crespo, quien
realizó una investigación seria, no pudo concluir que Calderón ganó; aunque
tampoco dijo que ganara Obrador. Sólo sembró la duda, que el cúmulo de
irregularidades no podía ser el basamento de una determinación legal para el
TEPJF, pero lo hizo. Aquí una apretada síntesis de su indagación.
“La elección presidencial de 2006
—comienza diciendo el autor— representó
un fracaso, en tanto no pudo generar consenso sobre el resultado, es decir, la
convicción generalizada de que quien ganó oficialmente lo hizo en buena lid”.
La equidad en la contienda, la
imparcialidad de las autoridades encargadas de organizar y calificar los
comicios y la pulcritud del proceso electoral, son elementos que contribuyen a
obtener el consenso electoral. Cierto. “Pero no siempre es posible garantizar
tales condiciones al cien por ciento; o mejor dicho, casi nunca lo es.” (p. 17).
Dada la demanda del “voto por voto, casilla por casilla”, con la cual
Obrador enfiló sus protestas partidistas y de simpatizantes ciudadanos, “me
acerqué al PREP del IFE, para preguntar cuántos errores aritméticos detectaba
entre los rubros del acta que estaban diseñados para coincidir. La cantidad
resultó abrumadora: entre 800 mil y dos millones y medio, según los rubros
comparados”. (p. 13).
Luis Carlos Ugalde, presidente
del IFE, al difundir los resultados computados dijo: “La regla de oro de la
democracia establece que gana el candidato que tenga más votos. Han sido los
ciudadanos, y sólo ellos, quienes han decidido el resultado final”. No
obstante, agrega Crespo: Si existen votos irregulares o inciertos en número
superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la contienda,
no es posible determinar cuál fue esa voluntad ciudadana de la que hablaba
Ugalde.
Y en las conclusiones agrega que
a la regla de oro citada por Ugalde suele omitirse que: “Si por un voto se gana
o se pierde, basta uno solo que sea irregular, de origen incierto, espurio o
que no se hubiera considerado en el cómputo total, para generar incertidumbre
en el cómputo total, para generar incertidumbre sobre quién ganó”. (p. 165).
“…Mientras más cerrado es un
resultado, más pulcra y equitativa debe ser la elección para que un veredicto
estrecho genere, pese a todo, consenso y credibilidad entre los candidatos y
sus respectivos partidarios. De lo contrario surgen la incertidumbre, la duda,
la impugnación, el cuestionamiento sobre la legitimidad de la elección misma y
de su ganador oficial”. (p. 18.)
Y la norma dicta: “La ley de
impugnación establece que, cuando los votos irregulares en una casilla no permiten
saber por quién votó el electorado de esa casilla, lo consecuente es anular la
elección”. (p. 166). Y si los informes de IFE reportaban inconsistencias
aritméticas “en las actas de aproximadamente 81 mil casillas (63 por ciento de
las poco más de 130 mil casillas que se instalaron)…, el tribunal interpretó en
su primera sentencia (5 de agosto) que el IFE debió abrir “todos los paquetes
electorales cuyas actas registraran cualquier inconsistencia aritmética…”
Pero no. El IFE sólo abrió el 3.5
por ciento de los paquetes, lo que implicaba que el 96 por ciento restante no
fuera abierto en ese proceso conforme lo estipulaba la ley. (p. 167). Así, ante
la incertidumbre prevaleciente lo lógico hubiera sido declarar nula la
elección, no por la citada ley de impugnación cuando por “la causal de nulidad
abstracta… según la cuál cuando se
detecta alguna irregularidad que afecte gravemente alguno de los principios
rectores de los procesos electorales —en este caso la certeza—, procede
invalidar la elección respectiva”. (p. 172).
Sin embargo, “los magistrados
determinaron que las irregularidades detectadas no habían sido determinantes en
el resultado…”, pero “la verdad aritmética contenida en las actas electorales
difiere, en este punto, de la verdad jurídica determinada por el Tribunal”. (p.
173). En fin, que “el propio tribunal estableció en su dictamen final (5 de
septiembre) que la ley de impugnación electoral valía para desahogar los
juicios de inconformidad, pero no era
aplicable al hacer el cómputo final ni al ponderar la validez de la elección.”
(sub. nuestro). (Ib.).
Concluye Crespo con la siguiente
metáfora: “Al preguntarle a las actas electorales —únicas con valor oficial
para determinar el resultado final— ¿quién ganó?, estas no nos respondieron,
como muchos podrían suponer, que triunfó Felipe Calderón. Tampoco responden que
ganó Andrés Manuel López Obrador, como muchos otros suponen. Lo que afirman es
que lógica y aritméticamente no es
posible saber quién ganó.” Por lo tanto, “el triunfo inobjetable e inequívoco
de Calderón se convierte, también a la luz de lo que dicen las actas, en otro
mito”. (p. 171).
Luego entonces, “El Tribunal
Electoral validó jurídicamente el triunfo de Calderón, para lo cual está
facultado, pero no lo demostró fehacientemente. Lo hizo al margen de la
información contenida en las actas, en lo que respecta a los votos
irregulares”. (Ib.). Las actas dicen algo muy distinto a lo que los magistrados
nos informaron que decían.
Un sistema caduco
Desde los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu y Posadas Ocampo, quedó
más claro que los grupos políticos estaban dispuestos a seguir disputándose el
poder a balazos. Como durante la posrevolución, cuando los generales y caciques
controlaban el territorio nacional. Como lo plantea el ya clásico politólogo
Don Daniel Cosío Villegas en El sistema
político mexicano: “Y en 1928 la lucha facciosa concluyó con la muerte de
los tres candidatos revolucionarios: los generales (Francisco R.) Serrano y
(Álvaro) Obregón, asesinados, y Arnulfo R. Gómez, fusilado”. (Joaquín Mortiz,
p. 37).
Hoy el país parece fuera de control. Sujeto a la voluntad de la élite
político-empresarial. Ahora las disputas por una rebanada del pastel son
sangrientas. La lucha contra el narcotráfico sacó a los militares a las calles
y no hay contención alguna del flagelo. Más allá del arresto de narcos menores,
no se vislumbra mayor solución porque la sociedad no encuentra el sosiego, la
paz y tranquilidad familiar, la seguridad que necesita para el diario vivir.
Ni los presidentes ni los partidos parecen estar disciplinando siquiera
a sus huestes. El autoritarismo presidencialista alentado por el PRI durante su
vigencia de siete décadas, entró en descomposición desde los últimos sexenios
del priismo neoliberal, y se agravó con la alternancia
panista. Más resultó que el PAN llegó a instaurar un gobierno proempresarial
todavía más agresivo. Por eso no hay solución a sus promesas. ¿Cuál “tele, vocho
y changarro” como prometió Vicente Fox? ¿Cuál presidente del empleo, como lo
dijo Calderón?
Las promesas, promesas son. ¡A juzgar por estos tiempos electorales!
¿Alguien de los políticos, aún los candidatos presidenciales (Enrique
Peña Nieto por el PRI; Josefina Vásquez Mota del PAN; Andrés Manuel López
Obrador por el PRD —con sus satélites los tres—, Gabriel Cuadri de la Torre por
el Panal), se acuerda del sistema político mexicano? ¿Algún candidato sabe, y
tiene presente que dicho sistema demanda cambios? ¿Qué el sistema político está
en vías de descomposición?
El presidente en turno, como cabeza del Estado, es el responsable de
las directrices nacionales y de las políticas de seguimiento. El garante del
buen funcionamiento del entramado institucional y gubernamental, no para el laissez faire, laissez passer sino para resolver los problemas del país. En dos
sentidos: 1) Cambios al propio sistema político mexicano; 2) A la política
económica que comprende el modelo de desarrollo y el proyecto de país.
Sin desdeñar la relación de México con el exterior.
El contexto internacional
Por último, el titular del Ejecutivo es el responsable de rendir
cuentas por lo que se hace y deja de hacer, ya interna como en política
exterior. Y en el terreno internacional, el presidente debe estar atento a las
políticas no diplomáticas sino de agresión, injerencista e intervencionismo de los
Estados Unidos. No rendir pleitesía, como los últimos presidentes mexicanos, es
o debiera ser el reto para el que gane el 1° de julio.
Nada más por tratarse de la cúpula económico-política del poder
imperial, hay puntos que no pueden dejar de señalarse:
1.- La política exterior de EU es agresiva. Deriva por lo menos de cuatro
momentos clave: a) una concepción geopolítica y geoeconómica trasnacional en Jauja, consolidada durante la segunda posguerra
fría (su economía ganó con la fabricación y venta de armas a los países aliados,
primordialmente durante la Segunda Guerra, y también con la reconstrucción
europea); b) del trastrocamiento causado
por la crisis petrolera de 1973, gracias al férreo control de la extracción y
exportación por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo,
OPEP; c) ahora en decadencia con el arribo
a la primera década del siglo XXI, manifiesta como una crisis inmobiliaria que
devino en burbuja financiera en 2007 y estalló fatalmente como crisis profunda en 2008, misma de la cual ni vísperas tiene de
salir porque no ve la luz al final del túnel.
2.- A pesar de las revelaciones del portal Wikileaks que desnudaron por
completo al estilo de ejercer la “diplomacia” en contra de todo el mundo, porque las embajadas operan como centro de
espionaje, cuando no interviniendo abiertamente en acciones de clara competencia
local. La historia latinoamericana redunda en ejemplos de tal intervencionismo.
3.- Los gobernantes mexicanos desdeñan también que de sus políticas de
agresión, los EU desatan luego cruentas guerras por motivos de su “seguridad
nacional”, como los energéticos petróleo y gas, según lo determinan los
estrategas del Pentágono, la maquinaria militar/industrial de Eisenhower más
grande del mundo.
4.- La reacción a los atentados del 11/S-2001, más que arremeter contra
Osama bin Laden, otrora entrenado por la Agencia Central de Inteligencia para
repeler la invasión soviética a Afganistán en 1979, fue el pretexto de EU para
invadir ese mismo país en el año 2011, de interés por el control del cultivo de
amapola; Irak en 2003, con todo y nunca se demostró la existencia de las “armas
de destrucción masiva” en manos de Sadam Hussein, y Paquistán en 2008.
5) Téngase presente que en alianza con Israel, EU amenaza ahora a
países como Irán y Siria, lo que puede desatar una guerra más amenazante para
la región y el mundo.
Ante este mínimo panorama México carece de una visión geopolítica e
institucional, no únicamente de las acciones imperiales de EU en el mundo, sino
primordialmente en lo que atañe al propio país. Ni qué decir de un aparato de
inteligencia que alerte sobre estas políticas ofensivas gringas. Los órganos locales
existentes no funcionan. Sólo generan espionaje,
pero contra los “enemigos internos”. Como si no supieran que la amenaza se está
gestando desde afuera.
¿Alguien sabe qué intenciones hay atrás de los promotores de la violencia,
con programas como la venta de armas
a bandas del crimen organizado, a los carteles de las drogas en la frontera
norte? Cuidado, porque no son almas de la caridad. Al menos tienen fines desestabilizadores en contra de México.
Los energéticos están atrás. ¿Qué más? La ilegitimidad
neoliberal le conviene a la elite político empresarial local, pero también al intervencionismo
imperial de EU.
A México le urge enderezar el rumbo; esa es la más urgente demanda
ciudadana. Para ello se requiere un presidente, sobre todo, legítimo. Estaremos viendo quién lo
logra.
