Redefinir la Inteligencia del Estado

Salvador González Briceño

**Cambios a la estrategia fallida de F. Calderón; Segob, la supersecretaría

**De la Unidad de Fusión de Inteligencia al Centro Nacional de Inteligencia

Lo primero que saltó a la mente de los analistas de los problemas del país, cuando se anunciaron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF) en noviembre de 2012 todavía durante el sexenio anterior, fue que con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República encabezada por Enrique Peña Nieto, se crearía una especie de elefante blanco con la “supersecretaría” en que se pretendía erigir a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Tampoco faltaron quienes, sin embargo, creían que simplemente se estaban retomando las funciones operativas, políticas y ejecutivas, que en los sexenios anteriores del régimen priista tenía la Segob. Cuando era la plataforma desde donde saltaban los futuros candidatos presidenciales del continuismo político en México.

Cuando en los tiempos de un priismo puro, con todo y lo autoritario que le caracterizó, Gobernación realizaba efectiva y eficientemente, por qué no reconocerlo, las tareas tanto de espionaje —de los declarados “enemigos” del Estado y de “algunos políticos”— como de inteligencia que le eran encomendadas. Recuérdese las labores de negociación en todo tipo de conflictos para evitar su desbordamiento logrando un cierto control. Una extensión, de ese modo institucional y al viejo estilo a la pax porfiriana, del antiguo régimen que ejercía las tareas políticas encomendadas al final por cada presidente en turno.

Pero una vez publicadas en enero de 2013 las reformas a la citada ley de la AFP, quedó claro que la Segob en manos de su nuevo titular, Miguel Ángel Osorio Chong, asimilaría tareas otrora sueltas, como las relativas a la política de seguridad que tanto laceraron a la sociedad mexicana durante todo el sexenio de Felipe Calderón con su fallida estrategia en contra del crimen organizado, en donde brilló por su ausencia la también errática Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabezó durante el periodo Genaro García Luna.

García Luna, el funcionario que “sospechosamente” aguantó todo tipo de presiones de la sociedad, desde la ya cuestionada Agencia Federal de Investigación (AFI) en el gobierno del también panista Vicente Fox Quesada —el presidente que dilapidó el capital político que ganó en el año 2000 para emprender el cambio democrático del régimen priista—, aún con señalamientos claros de corrupción y de no entregar los resultados desde la dependencia encargada “del orden y la paz pública”, de “salvaguardar la integridad y derechos de las personas”, así como “prevenir la comisión de los delitos”, “desarrollar la seguridad pública del Ejecutivo” y “proponer su política criminal”.

Todo de papel, menos la inoperancia del García Luna, los señalamientos de enriquecimiento ilícito, el presunto proteccionismo al cartel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán, y lo peor de todo: el sometimiento a las órdenes y a las políticas injerencistas de las agencias de inteligencia y al propio gobierno de los Estados Unidos. Una suerte de efecto dominó encabezado en su momento por el mismo ilegítimo presidente Calderón, y en seguidilla por la titular de las relaciones exteriores de México, la también gris Patricia Espinosa Castellano que tiró por la borda los preceptos históricos de la otrora digna política exterior del país. Aún ante EU.

Pues bien. Resulta que ya desde noviembre pasado, el propio Chong aseguraba que para tener un “buen sistema de inteligencia en materia de seguridad se requiere de que las partes se pongan en un todo, y eso es lo que se está buscando con esta reforma administrativa (la de APF) que está planteando el presidente electo”.

De la mano de los planteamientos iniciales de Peña Nieto una vez que toma posesión. Peña decreta la desaparición de la SSP, el mando único para las policías federal y auxiliar, la coordinación de las políticas e instancias de información, de seguridad nacional y criminal, y el comando de la Gendarmería Nacional. Todas funciones para la Segob; o una Segob reestructurada para su nuevo papel.

Porque además Chong seguirá con las políticas de seguridad interior, de prevención del delito, del sistema penitenciario, de vigilancia fronteriza y protección civil. De la política interior, las relaciones con los otros poderes, los diferentes niveles de gobierno y los actores políticos. Junto a las tareas encomendadas por el Artículo 27, las tareas con los gobiernos estatales y municipales, el desarrollo urbano y metropolitano, las operaciones de la función pública y la comisión anticorrupción. Sí que supersecretaría.

Pero en la piel de la sociedad está la principal demanda, que para el gobierno es su problema primordial: atender la seguridad. Por la inseguridad que se creó atizando el avispero con los escobazos al crimen organizado —la sola guerra de la confrontación militar—, y los ríos de sangre que hicieron correr las diferentes bandas del crimen organizado.

Se espera eficacia, evidentemente no por razones políticas ni por retener el poder en el 2018. Por la exigencia generalizada de parar el clima de violencia, desatada durante seis años en casi todo el territorio nacional, y con el saldo lamentable personas asesinados, desaparecidas, desplazadas. Y la zozobra en que dejó al país el PAN, pero especialmente Felipe Calderón. La demanda es de tranquilidad, pero sobre todo de justicia y castigo a los responsables.

De entrada se reconoce la voluntad política de Peña Nieto con normas como la recién rescatada Ley de Víctimas. Pese a los vacíos y deficiencias que presenta y por lo mismo ha generado cuestionamientos.

Para avanzar se requiere unidad en las políticas y en las acciones correspondientes. La Segob camina hacia allá con el anuncio de la creación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en referente a la inteligencia precisamente de seguridad. El CNI servirá para “recopilar la información” que generen todas las instancias de seguridad y procuración de justicia en el país.

Se trata de conjuntar información que generen el Ejército, la Marina, la PGR, el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y todas las dependencias federales y estatales para dar una respuesta eficaz contra el crimen organizado. No para cumplir promesas de campaña sino por la demanda social. Para, en aquellos operativos donde tengan que intervenir la PGR, Marina, la Gendarmería Nacional, las policías estatales y municipales, todos sean coordinados por el mando único del Secretario de Gobernación, en su turno Miguel Ángel Osorio Chong.

Para ello la Segob ya cuenta con las funciones y los recursos disponibles. Para eso mismo se ha creado el CNI dentro de la propia supersecretaría. Para ello se presume ya se contrató a personal, expertos en materia de seguridad desde EU, para armar de lo que se da en llamar la “CIA mexicana”. Las políticas para el caso ya están armadas.

Dicho lo anterior, cabe mencionar que los cambios se han operado bajo los anuncios del propio entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. El 2 de noviembre de 2012 dijo que se crearía una “Unidad de Fusión de Inteligencia” —el ahora CNI—, para “sistematizar y analizar la inteligencia de las distintas dependencias”. Y anunció también la elaboración del “Atlas Nacional de Delincuencia para Prevención y persecución del Delito”.

Entre otras medidas, como las “siete áreas” de la “Nueva Estrategia de Seguridad” también de noviembre pasado. Una decisión estratégica ciertamente para atender el problema del crimen organizado. Así se propuso:

1) La creación del Centro de Control y Comando para coordinar a las instituciones de seguridad en tiempo real y con el auxilio de la población en caso de desastres.

2) La Unidad de Fusión de Inteligencia, que integrará, sistematizará y analizará, además de dar coherencia a la información de inteligencia de las dependencias.

3) La elaboración del Atlas Nacional de la Delincuencia; la geopolítica aplicada a la protección de la sociedad de la violencia, el crimen y la persecución del delito.

4) Las Unidades de Inteligencia Financiera para dotar de instrumentos de toma de decisiones para combatir con eficacia el lavado de dinero.

5) Mejorar la seguridad en las aduanas, para la operación y control de los espacios terrestre, aéreo y marítimo, para cerrarle el ingreso a las armas y las drogas.

6) El mejoramiento del sistema penitenciario, a efecto de rehabilitar y reinsertar en la sociedad de un modo productivo a los internos.

7) El fortalecimiento de la cooperación internacional. Uso de mecanismos institucionales para intercambiar información con países y regiones, así como organismos como la ONU e instituciones regionales.

Lo anterior habla de un buen intento por rediseñar tanto institucionalmente —a la Segob—, como una cierta preocupación por retomar los hilos del control de fenómenos del crimen organizado que ha generado zozobra e incertidumbre en la sociedad quien ha padecido durante los últimos seis años el desatino de dos sexenios.

Pero falta considerar aquellos convenios firmados por México a nivel internacional. En el caso de la Convención de Palermo. Igualmente el rubro de la recuperación de la sociedad desde las mismas comunidades hasta las grandes ciudades. Una auténtica reforma en el sistema de atención y procuración de justicia. Atender las raíces de la corrupción y de la impunidad. Entre otras.

Para redefinir una nueva estrategia de seguridad desde el Estado, un llamado de atención para no descuidarse y desarrollar alternativas a las ofensivas crecientes desde EU que, utilizando los recursos de inteligencia a su alcance, arremete en atención a sus intereses.

Más no olvidemos que la seguridad nacional de EU, redefinida desde el 11/S, no pasa por la de México. Todo lo contrario. Los retos son de los gobiernos, pero mayormente de los pueblos. Las conditio sine qua non ya están. Junto con las políticas de Estado están las tareas de Inteligencia. Las buenas intenciones se perfilan. Hay que apostarle a los resultados. Por el bien de México; por el bien de todos.

18/enero/2013